Entre la cantinela de la Lotería Nacional y el mensaje navideño de Felipe VI, Gobierno, sindicatos y patronal fletaron un nuevo modelo regulador del mercado laboral sin desdecirse de la discutida reforma aprobada unilateralmente por el Gobierno del PP en 2012.
El drama nacional del centro deshabitado y la temperatura de la crispación política en todo lo alto no lograron taponar el avance de la racionalidad. Ya es buena noticia el mero hecho de que haya ocurrido por consenso de las partes, después de nueve meses de duras negociaciones.
Que se hayan coronado con éxito se ha debido en gran parte a las concesiones del Gobierno, representado en su vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Las concesiones eran imprescindibles para hacer posible su propio vaticinio de que se cumpliría con el famoso componente 23 (exigencia de Bruselas) y con el pacto de coalición, que recogía el compromiso de derogar la reforma laboral de Rajoy.
Efectivamente, el acuerdo sale a gusto de la Unión Europea, cuya interesada tutela ha planeado sobre la larga y complicada negociación. Pero también a gusto del Gobierno de Sánchez, condicionado por la necesidad de complacer a Bruselas sin arriesgar el desembolso correspondiente a los fondos de recuperación. Eso hará el milagro de que PSOE y Podemos se adapten sin problemas, que adaptarán, al relato de que han cumplido su compromiso derogatorio, aunque no sea verdad.
Por fin una legislación laboral que consolida el trabajo digno combatiendo el trabajo basura. No a la barra libre en materia de temporalidad, reducida a solo dos modelos de contrato, el estructural y el formativo. Sin que hayan desaparecido los elementos imprescindibles de flexibilidad exigidos por Bruselas.
Además, algo que se ha negociado en clave política: la devolución parcial de la relevancia perdida por los sindicatos en la reforma del PP. Y un tercer elemento novedoso que, a mi juicio, también marca la importancia de los acuerdos alcanzados el 22 de diciembre: se limita el abusivo sistema de las subcontratas y mejora significativamente el sistema de salvavidas para las empresas en crisis.
Se cumplió lo que tantas veces se dijo: no se derogará la reforma del PP, peso desaparecerán los elementos más lesivos de la misma. Así ha sido. No tenía sentido eliminar de un plumazo un modelo que, si bien venía lastrado por la unilateralidad del gobierno de turno, había contribuido a la creación de empleo y a mejorar la competitividad de las empresas.
Algo se ha hecho bien si ha logrado poner de acuerdo con la patronal a los sindicatos. Y, sobre todo, a las vicepresidentas Calviño (“permitirá una recuperación más justa y sostenida en el tiempo”, ha dicho) y Díaz (“se recuperan derechos en favor del trabajo decente”). Amén.
