Lástima que tantos, empezando por la oposición y siguiendo por algunos medios, se empeñen en lanzar críticas fútiles, como de segunda división, al Gobierno —que si el Falcon, que si el presidente acude con mocasines a las riadas, que si la vicepresidenta económica tal y cual— y, en cambio, desdeñen ver lo realmente peligroso en la conducta del Ejecutivo. Que es ni más ni menos que una cierta y progresiva apropiación del Estado, un lento difuminado de la raya de la separación de poderes y una disminución sensible de la seguridad jurídica de los ciudadanos. Y sí, también lo digo por la última ‘remodelación’ gubernamental.
Que el español sea, junto con el italiano, creo, el Gobierno más poblado de ministros de Europa resulta suficientemente demostrativo de un estado de cosas. No me diga usted que la dimisión del titular de Universidades, Manuel Castells, no podría haberse resuelto suprimiendo el inoperante ministerio —una de las virtudes del saliente es que mostró que el Departamento no es precisamente imprescindible— e incorporándolo, por fusión, con el de Educación. Pero no: había que contentar la ‘cuota Colau’ nombrando a un nuevo ministro afín a ella (y poco afín a la mayoría socialista del Gabinete) y manteniendo, así, el ‘compromiso de la coalición’, que hace que el Ejecutivo incluya al menos tres otros ministerios —los de Alberto Garzón, Ione Belarra e Irene Montero— perfectamente innecesarios.
No, no son ni este organigrama del Gobierno ni esos métodos de saltarse normas no escritas —o sí— a la torera lo que España necesita. Podríamos hablar de las excesivas tres vicepresidencias, del récord de funcionarios/altos cargos —alguno ha sufrido un reciente revolcón en los tribunales por no adecuarse su nombramiento a las normas del funcionariado público— o de la vocación irrefrenable por los nombramientos ‘a dedo’ para compensar pasados favores. El ejemplo más reciente de esto último, el intento de designar a la ‘jubilable’ ex ministra de Educación, Isabel Celáa, como nueva embajadora nada menos que ante el Vaticano, ha encrespado, consta, los ánimos entre los miembros de la carrera diplomática. Y se comprende.
La voluntad de apropiación del Estado se extiende al comportamiento con los medios de comunicación, donde priman la opacidad y la falta de facilidades para ejercer una expresión libre; con la oposición, terreno en el que resulta increíble, a estas alturas, la cerrazón de las puertas de La Moncloa a cuanto sea un contacto frecuente con los dirigentes de otras fuerzas políticas ‘no afines’… O se extiende a la falta de generosidad a la hora de compartir éxitos que son de todos. Para no hablar de la escasa relevancia dada al Parlamento —menos mal que, finalmente, tras siete años, se va a celebrar el debate sobre el estado de la nación— o del muy serio enfrentamiento con el estamento judicial, o con una parte de él, además de la abusiva apropiación de la Fiscalía general del Estado, un pecado original del mandato de Pedro Sánchez.
Creo que la débil sociedad civil española tiene un déficit importante de falta de exigencia de una democracia más perfecta. Quizá los ciudadanos estamos muy atentos, como es lógico, al cumplimiento de promesas que afectan a nuestras necesidades materiales, pero no tanto a la necesidad de mejorar nuestra democracia, que es, ya digo, muy perfectible. Y conste que no caeré en la simplificación de culpar solamente a ‘este’ Gobierno actual, ni a ‘esta’ oposición de ahora, de este estado de cosas, que viene de bastante más lejos. Pero la actual contaminación de nuestro clima político requiere aire fresco, que no pasa ni por mantener a gobernantes superfluos ni por el nombramiento de ‘amiguetes’, que son una nueva versión del ‘cuñadismo’, para permanecer en el poder. Así, creo que con Castells se ha perdido otra oportunidad de hacerlo correctamente.
