El daño ya está hecho. La sacralización de la lengua catalana como parte nuclear de la ideología nacionalista está provocando un daño social innecesario. El caso del niño de Canet de Mar (Barcelona), cuya familia había pedido a la dirección del colegio en el que estudia que cumpliera una resolución del TSJC que les emplaza a cursar un 25% de las clases en castellano, es el síntoma de una anomalía peligrosa. A raíz de esta petición, el niño ha sido víctima de acoso y su familia ha recibido amenazas en la red.
El acoso y desprecio a quienes reclaman el derecho que les asiste a utilizar y recibir enseñanza en español -idioma cooficial en Cataluña– delata una deriva que tiene componentes fascistoides.
Que el tribunal haya instado a la dirección del colegio a proteger al niño frente al acoso del que ha sido víctima describe a las claras que estamos ante un hecho que trasciende de la circunstancia concreta para convertirse en una señal de alarma. Algo va mal en el seno de la sociedad catalana cuando la política genera comportamientos tan sectarios como el protagonizado por el consejero de Educación de la Generalidad, Josep González, negándose a hacer declaraciones en castellano.
La misma anomalía, por cierto, se refleja en los remilgos de algún ministro del Gobierno de España incapaz de condenar con rotundidad el acoso sufrido por el menor y su familia. Se diría que les pesa la hipoteca política contraída por Pedro Sánchez con los partidos separatistas. Partidos que en el caso de los catalanes han convertido la lengua en el grial de su ideología.
Una exageración que conduce a encerrarse en una cultura que ellos consideran “nacional” sin percatarse de que les enclaustra y conduce a encerrarse en un espacio provinciano que al negar de facto la cooficialidad del castellano les está privando de patrimonio que supone la universalidad del idioma español. El episodio del niño de Canet, no es una anécdota.
