Si se fuese preguntando por ahí, acerca del conjunto de elementos y recursos que se deben creer necesarios para enfocar en la prevención y la lucha contra la delincuencia, no sería de extrañar que lo primero que obtengan como respuesta, sea “la necesidad de una buena Ley de Seguridad Ciudadana ajustada en sus supuestos a la realidad social de la calle y que sea aplicada con toda su peso y contundencia”. Claramente, no hay nada más efectivo, ni tiene un efecto más disuasorio para la delincuencia, que una legislación fuerte y la certeza de que todo acto delictivo conllevará siempre una serie de consecuencias en una sociedad que aspira a ser libre, segura y justa.
Si ya hay quien opina, que debido a los resquicios de las leyes actuales, los márgenes de interpretación que a veces se generan y el uso político de las mismas con las consiguientes controversias, el sistema podría estar evidenciando cierta tendencia a flaquear de cara a mostrar esa firmeza ¿Se imaginan qué panorama tendríamos, si además, desde ciertos sectores políticos, se estuviese suscitando una Ley de Seguridad Ciudadana más laxa? Porque eso es lo que parece que se nos viene encima: un marco legal que dejará de ser lo suficientemente persuasivo para un ámbito delincuencial que cada vez está más organizado y violento.
En ese futuro contexto, donde Policías en general y Guardias Civiles serían los más afectados, la falta de protección y de respaldo legal, perjudicaría a estos servidores públicos directamente implicados y como consecuencia de ello, a la seguridad de todos. A los riesgos inherentes de un trabajo de por sí ya peligroso, habría que añadir una exposición innecesaria que podría llegar a focalizarles como “objetivos” y entre otras cosas, es por ello, por lo que han tenido que levantar la voz de alarma al respecto. Siendo como son, los verdaderos expertos en seguridad y un elemento fundamental para la protección del ciudadano, parece una temeridad que no sean escuchados en todo este proceso… SUP, SPP, UFP, PLA, AUGC, AEGC, APC, ASES-GC, UO, IGC, AJPN, RAGCE, ErNE, CESP, AMGC, CPPM, ASP, JUCIL, JUSAPOL y otras muchas más, pueden parecer un despliegue de siglas con un significado impreciso para el ojo profano, pero eso sí, aunque por separado pueden contener sus propios matices o significados, en conjunto, coinciden con un objetivo muy determinado que no es otro que el de “servir protegiendo” al ciudadano y para lograrlo, desde ellos han surgido todas las iniciativas y las convocatorias de movilización, dirigidas a mostrar la oposición a esa reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana con el apoyo de gran parte de la ciudadanía que sí les está escuchando: asociaciones de vecinos, algunas de funcionarios, colectivos del sector público, también del privado… ciudadanos, en definitiva, que se están adhiriendo a las plataformas e iniciativas como las de “No a la España insegura”, para frenar con ello, una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que a todas luces va a generar mucha inseguridad y con la intención de demostrar, que en la unidad del conjunto del ámbito profesional con el resto de la sociedad, todos a una, en este país, se pueden hacer juntos cosas más importantes que bailar Paquito el Chocolatero. Ya veremos.
