Policías y guardias civiles se manifiestan legalmente contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada “Ley Mordaza”. Un proyecto que cambia algunas de las normas que establecen cómo deben actuar las fuerzas policiales en el mantenimiento del orden público. Por boca de sus representantes sindicales hemos sabido que se sienten agraviados por cambios en la norma que establecen una pérdida del valor de los atestados —la palabra del policía que denuncia se equipara a la del denunciado— o la insólita situación que generará el obligado traslado de un detenido en el transcurso de una manifestación al lugar de la protesta tras su paso por la comisaria para declarar acerca de las circunstancias de su detención.
Otro de los aspectos más polémicos del proyecto es el que permite —con apenas restricciones— fotografiar a los agentes en el transcurso de las actuaciones policiales. Los policías entienden que la posterior difusión de esas imágenes en las redes podría poder en peligro su seguridad y la de sus familiares. Hay precedentes: en las algaradas provocadas por los independentistas catalanes, algunos radicales iban “a la caza” de los policías para subir las imágenes a las redes. Que la nueva ley en ciernes no haya sido en ningún momento consultada con los representantes sindicales policiales —situación a todas luces fuera de toda lógica— es otra de las razones que arroja luz acerca del grado de descontento, por no hablar de cabreo, de los uniformados civiles.
A lo dicho se podría añadir la sensación generalizada de desamparo institucional por falta de apoyo de los responsables del Ministerio del Interior, como se ha reflejado estos días a raíz del chusco episodio de la tanqueta que patrullaba por Cádiz formando parte del dispositivo de antidisturbios desplegado para hacer frente a los disturbios relacionados con la huelga de los trabajadores del sector del metal. Motivos tienen los uniformados para estar cabreados.
