Nunca me convenció la ley de Seguridad Ciudadana, motejada como ‘ley mordaza’ por la entonces oposición de izquierda al Gobierno de Mariano Rajoy. Creía entonces, y creo ahora, que la legislación que trata de garantizar la seguridad de los ciudadanos no debe poner el acento en la represión de conductas, sino precisamente en garantizar la paz y la tranquilidad en las calles, pero, al tiempo, también la libre expresión de los derechos de manifestación y similares. Lo importante es que usted, yo, todos, estemos convencidos de que la actuación de las fuerzas de seguridad es la correcta y proporcionada, sin abusos por un lado ni dejaciones por otro. Y, lamentablemente, no parece ser esta la percepción de buena parte de los españoles.
Me parece grave, qué quiere que le diga, que policías, guardias civiles, policías urbanos, salgan a manifestarse contra una ley del Gobierno. No porque se manifiesten, que están en su derecho, sino porque protestan contra la legislación que regulará su relación con el pueblo. Un país bien gestionado es aquel en el que la ciudadanía respeta a los encargados de velar por su seguridad, cosa de la que tampoco estoy seguro, más allá de que la derecha acuda a manifestarse con la policía contra una actuación legal del Gobierno de Pedro Sánchez.
De la misma manera, considero preocupante el divorcio patente entre una parte importante de las fuerzas de Seguridad, sobre todo la Guardia Civil, contra el ministro del Interior, en esta ocasión Fernando Grande-Marlaska. Es esta una brecha que evidencia muchas anomalías, y pienso que buena parte de la protesta callejera contra la ley va dirigida también contra la persona de un ministro que ha resultado, pese a sus condiciones personales de buen talante, demasiado polémico.
Las leyes que limitan las libertades, ejercicio al que son muy proclives, en general, los gobiernos de todos los colores, suelen ser impopulares: recuérdese aquella malhadada de la ‘patada en la puerta’ que acabó haciendo dimitir al ministro Corcuera. Y ahora, esta ‘ley mordaza’ que, dicen los responsables de nuestra seguridad, se quiere reformar para convertirla en una normativa excesivamente benigna para los transgresores de la ley. No estoy seguro de que sea del todo así, pero, en todo caso, tampoco estoy dispuesto a defender una ley del PSOE/UP que, como le ocurrió a su antecesora en tiempos del PP, no está consensuada con la oposición.
Sánchez ha sacado adelante ‘sus’ Presupuestos con una holgada mayoría, y debo decir que me parece una buena noticia, pese a las pegas que la oposición pone a los que apoyan estas cuentas de un Estado ‘al que quieren destruir’. Pero ahora el presidente del Gobierno, que pretende mantenerse, dicen en Moncloa, en el poder al menos hasta comienzos de 2024, debe enviar un mensaje a la población en general en el sentido de que no solamente quiere vencer al PP, pactando apenas la renovación del Consejo del Poder Judicial y nada más, sino convencernos a todos de que gobierna para nuestro bien. Para el de todos. Incluyendo el de quienes van a manifestarse este sábado con las Fuerzas de Seguridad.
