El Gobierno no quiere escuchar las previsiones que sobre la evolución de la economía española llevan semanas haciendo organismos públicos y privados. Todos insisten en rebajar las expectativas ante la subida de los precios y los cuellos de botella en la producción de materiales y llegada de mercancías. El último en hacerlo ha sido la Comisión Europea. El varapalo ha sido mayúsculo y además se ha producido apenas 24 horas después de que el presidente del Gobierno, en la tribuna del Congreso de los Diputados, volviera a hablarnos de la robustez de la recuperación económica de España. Sin embargo, esa robustez brilla por su ausencia, ya que la CE nos sitúa para este año en el puesto 17 de los países de la Unión Europea con un crecimiento 1,6 puntos por debajo de la previsión anterior. La traducción es que España apenas crecerá este año un 4,6% y un 5,5% el año próximo. Además, el empleo no se recuperará hasta 2023 y seguirá manteniendo tasas superiores al 14% de paro sobre la población activa.
La respuesta del Gobierno a esta nueva devastadora previsión ha sido desviar la atención. Nos hablan de que una o dos décimas no significan nada, que lo importante es la tendencia y que hay que fijarse en otros indicadores. Ya no les parece importante el PIB sino otros parámetros que, por cierto, difícilmente se cumplirán, si parten de un dato erróneo para su cálculo. Estamos de nuevo en la negación de la evidencia, en un engaño masivo que apenas les durará unas semanas, cuando pasadas las Navidades el INE nos cuente qué ha ocurrido con el PIB del 4º trimestre y de todo el año 2021.
Calviño parece haber decidido seguir los pasos de Pedro Solbes. Negar la evidencia hasta que la realidad le estalle en la cara y preparar una batería de medidas de recorte de gasto. De hecho, según hemos leído en el documento firmado con Bruselas para la recepción de fondos europeos, ya hay compromisos adquiridos en materia de pensiones que las reducirán a los futuros pensionistas comenzando por los ‘baby boomers’, subida de cotizaciones y destope de las máximas y obligación a los autónomos de cotizar por los ingresos reales, entre otras cosas que iremos conociendo, por más que los ministros de turno nos nieguen a la cara hasta lo sellado con Bruselas. Mañana comienza una semana en teoría importante tanto para la reforma laboral como de pensiones. Veremos si conseguimos conocer detalles que nos permitan saber más sobre las intenciones del Gobierno y si contarán o no con los agentes sociales, requisito exigido por Bruselas para llevar a término estas reformas. Tampoco estaría de más, que nos contaran que han hecho con los 9.000 millones de euros que Europa nos transfirió hace ya semanas y qué van a hacer con los 10.000 millones que pidieron el pasado viernes.
