Ha llegado el turno de que las Comunidades Autónomas se ajusten el cinturón, más si cabe. Y es que el Ministerio de Economía y Hacienda pedirá mañana, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a algunas de ellas más medidas para evitar las sanciones que incluye la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, en último término, la intervención.
El Gobierno ha convocado el CPFF para analizar los planes de ajuste económico-financiero que han tenido que elaborar todas las regiones ante las desviaciones del déficit en el año 2011 y la necesidad de cumplir lo pactado con Bruselas. El Ejecutivo ya ha puesto de manifiesto que algunas no podrán obtener el visto bueno de Hacienda, por lo que activará todos los mecanismos que incluye la Ley de Estabilidad Presupuestaria, desde la exigencia de nuevos ajustes hasta la intervención.
De hecho, el Departamento que dirige Cristóbal Montoro ya ha encargado a la Abogacía del Estado y a la Intervención General que estudie la posible tutela de las cuentas de Asturias, ante la preocupación de que el Gobierno regional en funciones no pueda alcanzar el objetivo del 1,5 por ciento del PIB. En cualquier caso, las comunidades con más dificultades contarán con 15 días para plantear otras medidas de ajuste.
De esta forma, el Gobierno de Mariano Rajoy quiere garantizar el compromiso de las regiones con la reducción del déficit pactada con Bruselas para enviar así un mensaje de confianza a los mercados. Las nuevas medidas se añadirán a las ya planteadas por algunas comunidades, que han reducido sus Presupuestos en unos 8.000 millones.
Los últimos ajustes llegaron ayer mismo de la mano de Asturias y Andalucía. Así, la Generalitat ha aprobado un recorte de 1.500 millones de euros tocando sueldos y plantillas públicas, privatizaciones, subvenciones y ha establecido una nueva tasa para los estudiantes de Formación Profesional (FP) que estudien en centros públicos.
Además, en las empresas públicas también se prevén nuevos despidos: no serán «masivos» pero los habrá en aquellas compañías en que la crisis ha reducido sensiblemente su actividad, como ya los ha habido en estos últimos tiempos en Gisa o en el Institut Català del Sòl (Incasòl).
Por su parte, la Junta de Andalucía bajará el sueldo de los funcionarios, entre altos cargos y empleados, en un 5 por ciento y acometerá una subida en los tramos autonómicos del IRPF.
El Ejecutivo regional modificará en 3.500 millones de euros el presupuesto de la Comunidad para 2012, con un aumento de 1.000 millones en la previsión de ingresos y una reducción de 2.500 millones en diversas partidas de gasto, a través de medidas «reversibles y temporales.
Además, habrá un aumento de 35 a 37,5 horas en la jornada laboral de empleados públicos en aplicación de la normativa estatal, se reducirán los altos cargos, se bajará el número de horas extraordinarias y habrá una disminución de los complementos adicionales de pagas extraordinarias de junio y diciembre. También se limitarán las ayudas a los sindicatos.
El malestar entre los funcionarios sureños -más de 240.000- es grande, sobre todo, entre los técnicos de grado superior. El líder del PP, Javier Arenas, se mostró tajante: «Esto es un segundo decretazo, como el de Zapatero».
