La asamblea general de Caja Segovia, máximo órgano de gobierno de la entidad, deberá ratificar los acuerdos del Consejo de Administración de los que se desprende el reparto territorial programado, de modo que las decisiones son aún provisionales, aunque se han adoptado ya en todas las entidades del grupo
La reunión asamblearia de Segovia se encuentra pendiente de la posible convocatoria electoral, que, según la Ley de Cajas de Castilla y León y el Decreto que la regula, debía producirse en los primeros mese de este año. En todo caso precisa de la autorización de la Junta de Castilla y León, algo que se esperaba para las primeras semanas del mes de enero.
Con el fin de poder llevar a cabo estos comicios, desde el grupo de cajas se tiene pensado solicitar una prórroga para poder cumplir con la renovación, que afecta a todos los grupos representados en los órganos de gobierno.
Además algunos altos directivos como el secretario general, Antonio Tapias, que pensaba acogerse a las prejubilaciones, ha mostrado su intención de prorrogar su estancia en la empresa con el fin de asesorar y coordinar el proceso electoral. También el hasta ahora director general, Manuel Escribano —que será sustituido mañana por Miguel Ángel Sánchez Plaza— ha expresado su disposición a asesorar a la entidad, pero como prejubilado.
Las dos jubilaciones anticipadas formarían parte de las previstas en todo el grupo, que afectarían a unas 80 personas en Caja Segovia.
En cuanto a los nuevos estatutos que regirán el próximo proceso electoral, una de las principales novedades hace referencia a la incompatibilidad de cargos públicos en los órganos de gobierno, especialmente los cargos electos. Esto afectaría a numerosos miembros del consejo de administración, de la comisión de control y de la asamblea general, que han sido propuestos por ayuntamientos y cortes regionales. La norma forma parte de la adaptación de la Ley de Cajas con el fin de reducir la presencia de políticos en estas entidades.
