El Consejo de Ministros aprobó ayer el Decreto Ley del plan de choque contra el desempleo juvenil y de larga duración, que incluye bonificaciones para la contratación a tiempo parcial y la nueva ayuda de 400 euros que sustituirá a la de 426 euros a partir del 15 de febrero.
El precepto, que se enmarca en el acuerdo social firmado con patronal y sindicatos, entrará en vigor el día después de su aprobación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, según fuentes parlamentarias, el Gobierno cuenta con los apoyos suficientes para que no se tramite como proyecto de Ley y se garantice su inmediata aplicación.
La primera de estas medidas, el denominado Programa excepcional de empleo para la transición hacia la contratación estable, está enfocada a los jóvenes de hasta 30 años y parados de larga duración.
El Gabinete prevé que aquellas empresas que contraten a tiempo parcial durante el año posterior a la aprobación del programa y no hayan reducido plantilla en los últimos seis meses verán reducidas sus cuotas a la Seguridad Social. Así pues, estas sociedades tendrán que mantener o incrementar el empleo una vez se beneficien de la deducción.
Para ello, la jornada de los contratos deberá ser de entre el 50% y el 75% de la habitual. En el caso de las compañías con plantillas inferiores a los 250 trabajadores, esta reducción de cuotas será del 100%, mientras que para el resto no superará el 75%. Por otro lado, la bonificación será de un año para los contratos indefinidos y de al menos seis meses para los temporales.
Por otro lado, el decreto incluye la nueva ayuda de 400 euros hasta un máximo de seis meses, que estará vinculada a la formación y que contará con una dotación de 400 millones de euros, que correrán a cargo del Estado. La prestación beneficiará a unos 80.000 parados, muchos menos que los 198.000 beneficiarios del Prodi registrados en la última etapa de la subvención.
Serán beneficiarias de este programa las personas que agoten su protección por desempleo a partir del 16 de febrero y no cumplan con los requisitos de acceso a la Renta Activa de Inserción.
A diferencia del Prodi, esta nueva ayuda está concebida más como un acompañamiento económico a acciones de formación propias de las políticas activas, que como una prestación.
De este modo, el programa obliga a los beneficiarios a realizar un itinerario personalizado de inserción, que contemple el diagnóstico sobre su empleabilidad y la participación en acciones de recualificación y/o reinserción laboral.
Por otra parte, el portavoz de Economía y Empleo del PP, Cristóbal Montoro, mostró sus sospechas acerca de este plan, ya que, en su opinión, puede volver a establecerse los llamados contratos basura.
Sin embargo, el secretario general del UGT, Cándido Méndez, dijo que esperaba que las empresas lo utilicen cuanto antes y se mostró confíado en que sirva para «crear trabajo».
