El sindicato CCOO denunció ayer las “enormes dificultades” que tienen los inmigrantes de Castilla y León para conseguir la Renta Garantizada de Ciudadanía, una ayuda que solicitan quienes carecen de medios económicos.
El Reglamento que regula el acceso a la Renta Garantizada de Ciudadanía exige a los solicitantes que aporten diversos documentos, como un certificado de su estado civil u otro de sus bienes, que deben obtener en sus países de origen. Para CCOO, el principal problema se deriva del “poquísimo plazo” que los inmigrantes tienen para entregar tales impresos: diez días. “La mayoría de los inmigrantes que piden la Renta Garantizada de Ciudadanía no tienen dinero ni para ir a su país”, criticó ayer el secretario de Enseñanza de CCOO, Óscar Sancho, que quiso advertir que viajar al país de origen, conseguir los documentos en diez días y regresar a España a tiempo “es una ilusión”. A juicio de Sancho, el Reglamento de la Renta Garantizada de Ciudadanía, apunta, “de una manera encubierta”, que ese tipo de ayuda económica “no es para los inmigrantes”. A ese respecto, pidió a la Junta “que medite” sobre el plazo asignado, y establezca otro, “más lógico”, que permita a los inmigrantes que ni siquiera cobran el subsidio de desempleo tener un más fácil acceso a esta ayuda.
Abdellah Laftissi, presidente de la Asociación Cultural de Inmigrantes Salam, reveló ayer que CCOO ha remitido escritos a las embajadas en Madrid de Marruecos, Bulgaria, Rumanía, Honduras, Colombia, Perú y Ecuador para que demanden un cambio de la normativa, de forma que el plazo de diez días se amplíe, y que impulsen acuerdos con la Junta para facilitar a los inmigrantes la tramitación de los expedientes que indica el Reglamento.
En otro orden, Laftissi señaló diversos aspectos de la Ley de Extranjería que consideró “perjudiciales” para los inmigrantes. A su juicio, “se deja una puerta abierta a situaciones de irregularidad”. “Si una persona quiere renovar su permiso de residencia pero no puede demostrar que tiene ingresos, automáticamente pasa a estar irregular”, lamentó Laftissi. “Antes de la crisis, los inmigrantes éramos útiles y necesarios; ahora, parece que somos inútiles e innecesarios”, declaró Laftissi.
Por otra parte, el presidente de Salam rechazó “la práctica policial de solicitar en la calle a los extranjeros que se identifiquen, para iniciar procedimientos de expulsión”. En ese sentido, pidió “que no se solicite la identificación únicamente a un colectivo, elegido en base a sus características físicas”.
