Los empresarios catalanes alarmados —con razón— ante los saqueos de tiendas y demás destrozos que noche tras noche provocan los grupos de jóvenes izquierdistas que practican tácticas de terrorismo callejero, piden a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona que restauren el orden.
La lenidad con la que hasta la fecha las principales autoridades catalanas han condenado los actos de vandalismo explica el porqué de la contumacia de los grupos que atacan a la policía, saquean comercios y destrozan cuanto pillan por delante. El último fin de semana estuvieron a punto de quemar vivo a un agente de la policía municipal al incendiar la furgoneta en la que se encontraba. Esas imágenes parece que han sido el revulsivo para despertar algunas conciencias que llevan años jugando a la equidistancia.
La queja de los empresarios, su ‘¡Basta ya!’ está puesta en razón pero quizá llega algo tarde. Como tarde está llegando el Estado, en este caso a través del Ministerio del Interior, a la vista del desbordamiento de los Mossos d’Esquadra. Nada ha dicho hasta la fecha la señora Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña.
Es probable que el silencio del ministro Grande Marlaska se deba a que Pedro Sánchez no da por perdida la ‘Operación Illa’ y todavía confía en que Salvador Illa y el PSC puedan alcanzar un acuerdo con ERC alejándoles de la órbita del partido de Puigdemont.
Quizá por eso a pesar de la intensidad de los disturbios que se vienen produciendo en Barcelona y en otras ciudades de Cataluña no hemos visto intervenir a la Policía Nacional. Para no molestar a los separatistas que con Pere Aragonés la cabeza están al frente del ‘Govern’ en funciones de la ‘Generalitat’.
La mala fe de algunos políticos y la estulticia de otros alienta al lumpen que saquea comercios y quema escaparates. O se les para a tiempo -apoyando las actuaciones policiales- o la violencia se hará crónica. El maquiavelismo puede ser muy peligros cuando hay quien está jugando con fuego.
