Una serie de siglas que hemos utilizado con frecuencia a lo largo del 2020 me van a ayudar a resaltar algunos datos de las dos grandes crisis, la sanitaria y la económica, que han marcado este año aciago.
La primera es la OMS, sigla de la Organización Mundial de la Salud, organismo que declaró la pandemia provocada por el coronavirus el 11 de marzo, mes y medio después de que el Gobierno de Pekín le informara de unos casos de neumonía de origen desconocido en la localidad de Wuhan, donde el primer brote se había producido el 12 de diciembre. Se ha criticado a la OMS por su tardanza en reconocer y anunciar la gravedad de la enfermedad causada por el coronavirus.
La segunda sigla es precisamente la que denomina, según la misma OMS, dicha enfermedad, la COVID-19, que en inglés se desglosa como “coronavirus disease”. A la Covid-19 se achacan todas las restricciones que en España hemos sufrido desde la declaración del estado de alarma por el Gobierno el 14 de marzo, aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya conociera con antelación casos de la covid-19 en nuestro país, pero no los consideró causa suficiente para suprimir la macromanifestación feminista del 8M.
La tercera sigla es PCR, de nuevo del inglés “polymerase chain reaction”, reacción en cadena de la polimerasa, la prueba más fiable y utilizada para detectar el contagio por coronavirus. Como también ocurrió con las mascarillas, en España las autoridades sanitarias tardaron en adquirir estos test, cuya utilización habría permitido un seguimiento más eficaz de la propagación de la covid-19.
Como tampoco se dotó a los profesionales de la sanidad de los EPI, o sea de los equipos de protección integral, que habrían ayudado a salvar vidas de los sanitarios que estaban y están en la primera línea de la batalla contra el coronavirus.
En el terreno económico, todos habíamos oído hablar de las ERE, expedientes de regulación de empleo, en especial a propósito de los casos de corrupción del Gobierno socialista en la Junta de Andalucía. Pero se ha ampliado su uso a los ERTE, expedientes de regulación temporal de empleo, con los que se ha tratado de paliar los despidos de personal de muchas empresas abocadas al cierre.
Con el IMV, el ingreso mínimo vital, el Gobierno de Sánchez e Iglesias ha pretendido proteger a los más desprotegidos, aunque a finales de 2020 este ingreso no haya llegado ni al 1 % de los hogares necesitados y con todos sus miembros en paro.
Pero si obtener cita en el SEPE, Servicio Público de Empleo Estatal, es más difícil que ascender al Everest sin equipo de oxígeno, ¿cómo evitar el desplome de la ocupación?
