No parece que pueda ser para un ponente ni muy gratificante, ni como para dormir a pierna suelta, la aprobación de un proyecto de ley tan controvertida y tan rechazada por diferentes colectivos y plataformas como la que atravesó el pasado jueves en el Congreso para la reforma educativa, tildada como “Ley Celaá”, que la ministra sacó adelante con los votos del PSOE y compañeros de viaje (con que alcanzó un voto más de los exigidos para una mayoría absoluta) a pesar de una fuerte oposición y un escándalo, tanto en el interior del hemiciclo como en el exterior de los alrededores del Congreso. Lo del otro día será seguramente uno de los episodios políticos más controvertidos que se han producido en varias legislaturas. Y no es para menos por cuanto que la nueva Ley de la Reforma Educativa implica a varios sectores de la sociedad: desde padres de escolares hasta profesionales de la educación y la enseñanza en sus distintos campos de la enseñanza. Claro, si pensamos en aspectos tan sensibles como el privar a los padres de la elección de centros, las nuevas normas de los concertados, la eliminación del castellano como lengua principal en las aulas, la eliminación de la asignatura de la Religión, el pase de curso con suspensos que en nada o poco incentivan el esfuerzo escolar y quizá, lo más sensible, el dejar sin contenido los centros de educación especial para alumnos con dificultades de integración en colegios normales, parece justificar la airada protesta de esas plataformas contrarias a esa nueva ordenación de la educación en España. Tan es así que inmediatamente de la victoria de la ministra en el Congreso se anunciaban recursos ante el Tribunal Constitucional que pueden dar al traste con las intenciones previstas. Y es más, pensando en el rechazo de la nueva normativa, se anunciaba también por alguna Comunidad Autónoma una aplicación marginal de lo aprobado.
Haciendo hincapié en el aspecto más sensible del contenido de la nueva ley (lo de incorporar a los escolares que necesitan una educación especial por sus condiciones de vulnerabilidad neuro-cognoscitiva a colegios de enseñanza normalizada) hay quien hacía una seria reflexión en cuanto al voto que dio luz verde a la lay en el Congreso. ¿Cómo era posible que teniendo sin duda muchos parlamentarios a sus hijos en la enseñanza concertada –en virtud de la libre elección de centro- y en algunos casos hijos o familiares en Colegios de Educación Especial, pudieran estar votando a favor de la Ley “Celaá que conculcaba esos derechos y va a poner en grave riesgo emocional y educativo a esos alumnos especiales en los nuevos centros de convivencia? Desde fuera, desde luego, no parece muy lógica esa postura de renuncia en base a un criterio imperioso frente a una realidad de gran calado social y profundamente humano.
No cabe duda de que la Ley tendrá otros aspectos positivos que le den credibilidad y solidez pero la bronca del jueves que arropó la consulta, no parece que deba ser el camino normalizado de cuanto pueda ser una legislación de ámbito global que debería ser resuelta –en todos los casos- con amplio consenso del sentido común y de la aplicación general. Es decir una normativa más aplaudida por la unanimidad , que abucheada por plataformas y profesionales en desacuerdo. Me parece a mí.
