El impacto de las reclamaciones en todos los rincones de la provincia para la reapertura presencial de los 300 consultorios locales en Segovia, aumenta cada día y demuestra que cuando los alcaldes socialistas lo comenzaron a reclamar no era nada más que el altavoz de las peticiones vecinales, la preocupación por la atención sanitaria y su salud, sobre todo de los más vulnerables ante las dificultades de desplazamiento y la necesaria atención presencial en patologías más complicadas.
Observamos como en las Cortes de Castilla y León, el portavoz socialista, Luis Tudanca lo ha pedido en el pleno de ayer y también el portavoz del PP en el área sanitaria se sumó hace unos días a la petición de reapertura en la Comisión de Sanidad. Los sindicatos mayoritarios, el propio sindicato médico de Castilla y León, asociaciones de vecinos, otros colectivos además de alcaldes de todo signo político lo reclaman de forma insistente y una vez más lo reivindico en esta columna de opinión, de forma responsable, con las medidas necesarias de protección, cita, etc. pero los segovianos se merecen volver a ser atendidos de forma presencial y los profesionales a realizarlo volviendo a la normalidad.
No quiero hoy dejar de sumarme al pésame a la familia, amigos y compañeros del conductor segoviano de ambulancia fallecido por el coronavirus, en los últimos días.
También quiero congratularme de la aprobación por parte del Gobierno de España de un reparto histórico de fondos no reembolsables a las CCAA de 16.000 m de euros: 9.000 m para Sanidad, 2.000 m para educación y 5.000 m que compensa la pérdida de ingresos y la menor facturación de transporte de viajeros. Es un claro ejemplo de compromiso con la ciudadanía y el estado de bienestar ya que hasta ahora en tiempos difíciles los gobiernos optaban sólo por préstamos reintegrables. La lógica marca que ahora la Junta de Castilla y León, si como anunció ha gastado unos 200 m Euros y puede recibir en torno a 650 m, dedique esos otros fondos para que Segovia tenga una “discriminación positiva” para la recuperación al ser muy afectada por los efectos de la pandemia e implemente fondos para las corporaciones locales.
Imagino que también ahora la Junta de Castilla y León para ponerse a la altura del compromiso con la ciudadanía, pondrá en marcha fondos extraordinarios autonómicos que ayuden a la reconstrucción económica y social, a través de al menos las mismas cantidades económicas que pone el Gobierno de Pedro Sánchez de forma extraordinaria.
Finalmente quiero terminar con un dato importante el Congreso continua con la tramitación del nuevo impuesto de determinados servicios digitales, como Europa ya recomendó y algunos países ya aprobaron y así terminar con una asimetría fiscal entre las nuevas empresas digitalizadas y las tradicionales, que obtienen una ventaja fiscal distorsionando el mercado. El Impuesto afecta a aquellas empresas cuyo importe neto de su cifra de negocios supere los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España. Estos umbrales ayudan a garantizar que sólo se grave a las grandes empresas y que las pymes no estén afectadas por este tributo, por lo que los “poetas del apocalipsis” mintieron una vez más en la tribuna del Congreso o quizás quieran seguir minando la llegada de fondos tan necesarios para la recuperación social y la redistribución de la riqueza.
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(*) Diputado del PSOE por Segovia.
