Han pasado algo más de tres meses desde la llegada de Rosa Aguilar al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en sustitución de Elena Espinosa, que había permanecido en el puesto durante más de seis años con una de la gestiones más opacas que se recuerdan en el departamento desde los tiempos de Carlos Romero. En cortesía política, a la hora de hacer una evaluación de un nuevo cargo, se contempla un período de 100 días. Es un tiempo suficiente para la formación de un equipo, marcar estilos, apuntar programas o líneas de trabajo, pero no para ver resultados.
En la actuación desarrollada en este tiempo por la nueva responsable de Atocha, un análisis objetivo debe abordarse, tanto desde la perspectiva de los programas, compromisos y actuaciones, como por el trabajo interno relativo a la formación y al trabajo del departamento y su actitud ante el sector como estrategias de futuro.
En materia de programas, la ministra se ha limitado este período a exponer algunas de las líneas básicas, declaraciones de principios, que van a marcar su trabajo en lo queda de legislatura. Esos objetivos están referidos a las grandes cuestiones de manual en las que se halla inmerso el departamento. En este contexto se incluye la lucha contra el cambio climático, la defensa de la biodiversidad, la aplicación la Ley de Desarrollo Rural, potenciar una política agroalimentaria basada en la implantación de los contratos, la negociación colectiva del sector agrario con la industria o la gran distribución, el apoyo a la exportación, el impulso a la competitividad, una política para el uso eficiente del agua y la transparencia de la cadena alimentaria para que el campo tenga una mayor participación en el valor que paga el consumidor. Hasta ahí, nada nuevo, salvo el intento de dar un mayor aire verde a su programa.
Frente esta gran declaración programática en el marco de una filosofía de sostenibildad transversal, aún no explicada lo suficiente, y su decisión de pintar el Ministerio de verde, las actuaciones concretas han tenido una dimensión escasa.
El principal tema en el que se hallan inmersos en este momento los responsables del departamento, es el debate sobre la reforma de la Política Agrícola Común, tanto en Bruselas como ante las organizaciones agrarias y de las comunidades autónomas. Se trata de un proceso que puede durar todo este año y, el éxito o el fracaso, se medirá en función del contenido de la propuesta comunitaria final de reglamento sobre la reforma. España es una parte más y no la más fuerte en la defensa de la misma.
En actuaciones concretas, el Ministerio ha proseguido las negociaciones para la aplicación en los próximos meses del contrato en el sector de la leche, de acuerdo con las directrices sobre las que se halla trabajando en este momento la Comisión de la Unión Europea. En este momento, está paralizado el proyecto de ley de Calidad Agroalimentaria que debe ser uno de los ejes para el desarrollo en el futuro de una nueva política enfocada a dar una mayor transparencia a la cadena alimentaria y defender los intereses de la producción. Agricultura ha reclamado a las organizaciones agrarias un mapa sobre la actual situación del llamado Plan de Choque comprometido por el propio presidente del Gobierno en diciembre de 2009 y del que apenas si se han dado respuestas, con la excepción de la política de créditos.
Sobre la mesa continúan pendientes cuestiones muy importantes como la mejora en la fiscalidad agraria, el aumento del IVA para la venta de los productos ganaderos, los planes sectoriales para mejorar su competitividad o la política para la concentración de la oferta en origen. Hay que esperar a ver la posición de la ministra, una vez vea los incumplimientos del Plan de choque.
La ministra no se ha limitado a airear compromisos vacíos en relación con el acuerdo con Marruecos. Se mojó en Bruselas, desde la presión andaluza, para pedir el almacenamiento de aceite, aunque los precios aún no han llegado a los límites exigidos en la actual normativa. El comisario no atendió la petición española, mientras Bruselas sí abrió el almacenamiento privado de carne de porcino. España lo había pedido, junto con otros países, pero a nadie se le oculta que es una medida pensada, sobre todo, para Alemania donde los piensos contaminados habían provocado problemas en el sector. Frente a la gran crisis alimentaria para la cabaña ganadera, el Ministerio se ha limitado a mirar.
En lo que afecta a la política de funcionamiento o a las formas, la nota más destacada de la ministra ha sido el desmantelamiento del equipo anterior a través de cambios claves, colocando en su lugar a personas sin experiencia ni conocimiento en los puestos, o limitado las iniciativas de los altos cargos. Eliminó en la parte agraria a Alicia Villauriz, como secretaria general de Medio Rural, salió el subsecretario, el director general de Agricultura y se han despedido varios asesores. Frente a la situación anterior donde, al margen de la actitud opaca de la ministra Elena Espinosa, funcionaba un equipo en España y en Bruselas, Rosa Aguilar ha marginado a sus principales protagonistas, comenzando por el secretario de Estado Josep Puxeu.
Desde su llegada al cargo, los principales mensajes de la nueva mandataria, reiterados hasta la saciedad, han sido diálogo, negociación, contar para todo con el sector y escuchar sus peticiones. Sonaba bien. Frente a la actitud de Espinosa, donde las broncas y regañinas a los interlocutores sociales eran frecuentes, en la actualidad las OPAS señalan estar satisfechas porque la ministra les escucha, les pone una cara amable y, en ningún caso, se les insulta o amenaza.
Las organizaciones agrarias esperan, sin embargo, que se pase de las palabras a los hechos.
