Sindicatos, partidos de la oposición y patronal italianos criticaron ayer el plan de austeridad del Gobierno aprobado el pasado viernes, con la idea común de que los más afectados serán los débiles y las clases medidas.
Así, el titular de Economía, Giulio Tremonti, compareció junto a los ministros Roberto Calderoli, de Reformas Institucionales, y Maurizio Sacconi, de Trabajo y Políticas Sociales, para ilustrar los detalles del decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros.
El Ejecutivo de Silvio Berlusconi dio el visto bueno a un nuevo plan de ajuste presupuestario de 45.500 millones de euros con el que pretende alcanzar el equilibrio presupuestario en 2013 y calmar la inquietud de los mercados sobre la situación que atraviesan las finanzas públicas del país.
La líder de la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), Sussana Camusso, aseguró que «son golpeados los más débiles, aquellos que pagan todos sus impuestos» y criticó al ministro Sacconi «por hacer peligrar el contrato nacional».
La secretaria general del CGIL anunció, además, una huelga general contra las «medidas injustas» que será decidida el próximo 23 agosto junto a los sindicatos Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores (CISL) y la Unión Italiana del Trabajo (UIL).
Para el ex magistrado de Manos Limpias y líder de Italia de los Valores (IDV), Antonio Di Pietro, el plan de austeridad es en parte positivo, porque contiene medidas como la reducción de las provincias, una propuesta de su partido, aunque abogó por su completa abolición. «El decreto es verdaderamente deprimente y faltan intervenciones en el frente de la evasión fiscal, del que no se habla ni una línea», añadió.
«Está bien reducir el sueldo de los diputados y de los senadores», apuntó Di Pietro. También inquirió por qué no se ha recortado el número de parlamentarios. «Si hacía falta dinero se podría hacer pagar la contribución de solidaridad», que grava con un cinco por ciento los salarios que superen los 90.000 euros al año, y con un 10 a los que excedan los 150.000, «a los que han traído dinero a Italia gracias al escudo fiscal».
Por su parte, el secretario nacional del Partido Democrático (PD), Pier Luigi Bersani, señaló que el plan es depresivo, poco creíble e injusto, por lo que debe cambiarse. «Una vez examinado, nos dirigiremos a las fuerzas sociales y a los partidos de oposición para abrir un diálogo destinado a preparar una alternativa», aseguró.
Emma Marcegaglia, presidenta de la patronal italiana, hizo un llamamiento al Ejecutivo y a la oposición para «aprovechar el trámite parlamentario del decreto ley para recuperar el rigor y para que se reformen las pensiones de jubilación». Para ella, «no se trata de recortar los subsidios de los mayores sino de hacer trabajar a quien más ganas tiene y está en condiciones de hacerlo, dando perspectivas reales a los jóvenes, oportunidades de trabajo, futuro, para así evitar el riesgo de una nueva fuga de cerebros».
Su antecesor, Luca Cordero de Montezemolo, lamentó que la norma no incluya «un impuesto sobre patrimonios superiores a los cinco o a los 10 millones de euros al año, que hubiese golpeado a los evasores de impuestos».
