El Gobierno pretende prorrogar el “estado de alarma” por cuarta vez. Hay que preguntarse, si en la situación actual de atenuación del encierro, es provechoso para el país que el presidente siga ostentando el mando único. Mucha gente lo ve incluso temerario, por varias razones. Primero, porque el Gobierno ha demostrado descontrol e incapacidad para acometer la tarea centralizando las decisiones de compra de material sanitario y de planificación de tests. Por el contrario, se ha empleado a fondo en entorpecer la gestión de gobiernos autonómicos. Segundo, el poder ejecutivo social-comunista está aprovechando la situación para imponer sus planes de control social y económico de ultraizquierda. Tercero, las medidas de ayuda a los comercios y los autónomos están siendo caóticas y provocan el cierre de cientos de establecimientos y la ruina del sector. Cuarto, la gente no confía en quienes no respetan la verdad y mienten incluso en el Congreso. Cada vez hay más voces en contra de prorrogar el estado de alarma, desde ámbitos políticos, jurídicos, empresariales, etc. Esta prerrogativa constitucional, no puede convertirse en un cheque en blanco para el presidente.
En todo Estado de derecho deben primar las razones jurídicas. El estado de alarma se estableció apelando a la Constitución, luego, debería mantenerse o suprimirse atendiendo sólo a lo dispuesto en la ley correspondiente. Eminentes juristas denuncian que Sánchez ha utilizado la concentración de poder para imponer de hecho un estado de excepción. Durante el estricto confinamiento, muchos ciudadanos han sufrido la pérdida de trabajos, negocios y el empobrecimiento de su economía familiar. Por si fuera poco, están padeciendo el más doloroso de todos los males: la incautación ilícita del poder, junto con el provecho corrupto de algunos traficantes sin escrúpulos. Estamos asistiendo a una brutal censura y propaganda gubernamental, desde TVE y los medios subvencionados con el dinero del contribuyente. Con nocturnidad, en el BOE se han dictado órdenes y un sinfín de decretos leyes restrictivas importantes que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria o con el orden social. En la actual etapa de desconfinamiento progresivo, no existe ninguna base para seguir en estado de alarma. No sería proporcional a la situación actual de contención de la pandemia. Ahora ya se podría actuar dentro del marco legal ordinario; según opiniones autorizadas.
Afortunadamente, la Constitución en vigor determina que la implantación y la prórroga del estado de alarma, sea votada en el Parlamento. Así se espera que ocurra el miércoles 6 de mayo, cuando Sánchez lo proponga. Como es sabido, por encima de todo, al presidente le importa su futuro personal en la Moncloa. Así que, intentará conseguir la mayoría que le permita sacar adelante la prórroga. Para lo cual, los votos a favor o la abstención (sería un aval) del PP son imprescindibles. He aquí, el dilema para Pablo Casado. Si vota a favor o se abstiene estará apoyando a Sánchez y su probada incapacidad de controlar la pandemia y evitar la magnitud del desastre económico y social que se avecina. Si vota en contra, tendrá que sufrir la jauría mediática y la propaganda gubernamental. Algunos líderes del PP se han pronunciado por esta segunda opción. No a la prórroga. El sentido de la responsabilidad institucional, al que suele invocar el Partido Popular, es una especie de tic que le honra. Su sentido de Estado es muy loable, pero ahora no está en juego. Sánchez ha demostrado hasta la saciedad que no es fiable (tampoco su tesis doctoral). Se ha servido una y otra vez de los organismos del Estado en su beneficio político. Sería candoroso darle su apoyo a cambio de promesas que no cumplirá. Y tampoco evitará siendo víctima de su altivo desprecio. Al parecer, los populares están divididos en este asunto. El presidente de Galicia no es partidario de apoyar a Sánchez. Por el contrario, el de Castilla y León asegura que “es necesario apoyar al estado de alarma, pero no es un cheque en blanco” (ABC, 3/5/2020). No está claro cuál es esa necesidad. Acaso, no es una opción democrática votar libremente en el Parlamento. El PP sufre una “hiper-responsabilidad institucional” que le agarrota; como los estudiantes empollones que se bloquean y acaban suspendiendo el examen. El problema grave es que, ahora mismo, de su decisión depende un futuro en libertad democrática o en cautiverio. Da pavor que Sánchez siga con plenos poderes, sembrando el terreno de una dictadura bolivariana. El PP ¿no va a pasar a la acción? ¿Seguirá sólo señalando las arbitrariedades del Gobierno social-comunista? Vote lo que vote, no podrá evitar los insultos y las críticas de los medios afines bien cebados con el dinero de todos. Entonces, ¿por qué no oponerse y evitar la catástrofe? Por encima de todo, se debe a la defensa del Estado de derecho. La lealtad a los principios constitucionales siempre da fruto y también será más rentable en votos.
