En el cuadro macroeconómico diseñado por el Gobierno para los dos próximos ejercicios aparece la estimación de déficit del 2020: el 10,34%; pero, como excepción a una regla general, no figura la proyección para 2021. Es cuanto menos llamativa la ausencia. El manejo peculiar de los datos por parte de la actual Administración tiene precedentes. Hace solo unos meses se nos anunciaba que el déficit para 2019 iba a ser el 2%; después ha subido hasta el 2,7%. Y no solo es característica que adorna los números actuales; lo que ocurrió con los del 2011 tuvo más miga: el entonces Ejecutivo de Rodríguez Zapatero anunció a la Unión Europea su previsión de un desajuste negativo que rondaría la franja de entre el 6 y 7%. Poco después, Eurostat lo elevó al 8,5%; las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística hoy lo fijan en el 9,74%. Ante estos tejemanejes, hasta me alegro de que el Gobierno se haya abstenido de ofrecer las previsiones para el 2021. Salvo que concurran otras causas para la preterición.
Una precisión antes de continuar: cuando se habla de déficit público se entiende que es el del conjunto de las Administraciones públicas que conforman el Estado español; y no solo la central.
El asunto trasciende lo meramente numérico porque ese déficit, que no es otra cosa que la diferencia entre los ingresos y los gastos, tiene que ser financiado de alguna manera. Y las posibilidades son contadas: o se pide prestado o se reciben transferencias finalistas no retornables o se suben los impuestos. El recurso de darle a la máquina de producir dinero no existe, porque los bancos nacionales ya no son emisores: han cedido sus competencias al Banco Central Europeo. Es él quien gestiona la política monetaria y la inyección de liquidez al sistema, y siempre con dos objetivos: el control de precios –inflación- y el no desajuste de la primas de riesgo entre los países. Solo Gran Bretaña, no integrada en la zona euro, puede acudir al mecanismo de créditos directos por parte del Banco de Inglaterra, como así ha sido para financiar esta crisis. Si no lo devolviera, la entidad se vería obligada a compensar ese desajuste con mayor masa monetaria, lo que supondría de facto una depreciación de la libra por una mayor inflación.
Emitir más deuda, con la actual proyección que la fija en el 115%, es una medida posible y probable, pero admitiendo que los intereses limitan la capacidad de futuro gasto del país y su propia solvencia. Queda también la vía de los impuestos como manera de obtención de ingresos. En estos momentos, el Gobierno tiene dos iniciativas –proyectos de ley- en el Parlamento con sedas figuras impositivas nuevas: la tasa Google y la que graba las transacciones financieras, y está en estudio la que programa la lucha contra el fraude fiscal. Poca capacidad recaudatoria parece.
Por eso me extrañó que en la rueda de prensa del viernes la ministra de Hacienda negase la nueva subida de tipos en impuestos como el IVA o el IRPF. Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno a finales del 2011 incumplió su promesa de no subir tributos: es el remedio más fácil, más directo y más impopular. Junto con el de bajar gastos, que ahora se descarta y que también se hizo entonces, actuando sobre el sueldo de los funcionarios e imponiendo a las corporaciones locales la Regla de Gasto, que impide que estas ejecuten sus excedentes. Algo no cuadra en todo esto.
¿La imprecisión del actual Gobierno y la ausencia de medidas drásticas se deben a que espera que Bruselas se pronuncie? ¿Pedirá entonces el rescate al MEDE para que sea la UE quien imponga iniciativas que no casan con el programa de Podemos? Lo analizaremos mañana.
