La vicepresidenta de Asuntos Económicos negó el pasado viernes que el Gobierno tenga la intención de nacionalizar algunas empresas. La verdad es que no resultaría extraño que un país nacionalizara alguna empresa por sus circunstancias particulares. El Gobierno liberal de Mariano Rajoy lo hizo con algunas entidades financieras, y así igual el de Angela Merkel. Y ninguno de los dos era sospechoso de intervencionismo. Las moscas empiezan a zumbar detrás de las orejas cuando uno de los partidos que compone el actual Gobierno no abjura del sistema socialista de planificación central de la economía. No vaya a ser que utilice la situación actual y se cuele de rondón alguna medida en ese sentido. Fíjense en la regulación de las corridas de toros —negocio que mueve al cabo del año unos 4.500 millones de euros, en cifras del 2017—, un espectáculo que por lo general se desarrolla al aire libre pero que va a tener una limitación superior a otros que tienen lugar en espacios cerrados: 1 persona cada 9 metros cuadrados en la III fase, lo que hace inviables muchos festejos. O sea, que de sopetón se ha dado un buen rejonazo a la Fiesta.
Quien esto escribe no se declara un liberal en materia económica, aunque sí sea partidario de una economía de mercado. Me explico. Creo que una cosa es el mercado y otra la economía de mercado. Para que esta última funcione tienen que existir una serie de instituciones y de normas jurídicas que garanticen el funcionamiento de una manera ordenada, libre y sin abusos de posición dominante. Con ello será posible que cuando dos personas se atengan a un intercambio de manera libre y voluntaria las dos salgan ganando. Nunca he creído, por lo tanto, en la idea marxista de que si una de las partes se beneficia inevitablemente es porque la otra está siendo explotada. De la misma manera que dudo de que en una economía de mercado los ricos —personas, países— se enriquezcan en la misma proporción en la que los pobres se empobrecen por ser explotados por el sistema. Pero con la misma convicción que afirmo esto creo que el mercado no termina de distribuir bien la riqueza y por lo tanto es el Estado quien debe proporcionar determinados equilibrios; entre ellos tres básicos: la seguridad, la sanidad y la educación.
Por ello no me escandaliza que este año, y si la memoria no me falla será la primera vez en la historia, el gasto público vaya a suponer el 51% del PIB español; o que el Estado sea absolutamente necesario como palanca de crecimiento de la estructura productiva a través de una serie de ayudas que incluso estimo que se están quedando cortas. Otra cosa es que cuando venga la bonanza los parámetros de déficit y deuda hayan de ajustarse, entre otras razones para que no salga más caro y más difícil tomar prestado de terceros. Cuando en el año 2012 el entonces Gobierno realizó el rescate bancario hubo quien no se quiso dar cuenta de que en realidad se acudía al salvamento de pequeños ahorradores que bien en depósitos o en acciones habían colocado sus excedentes en esas instituciones, y que la figura de capitalista bancario al estilo película de Mary Poppins es una antigualla decimonónica; los vicios, desgraciadamente, llegaron de otros lares, entre ellos de la politización y del salto de los controles internos y externos.
Todo el capítulo VII de nuestra Constitución es un modelo de economía social y de mercado. Cualquier interpretación parcial o torticera desvirtúa su contenido, y así pueden hoy convivir en armonía bienes que se crean en el mercado y aquellos otros, “bienes públicos”, en cuya generación el mercado o es ineficiente o injusto, y por lo tanto quedan a expensas del Estado.
