El idioma español es muy rico. Hay verbos que encierran en sí no solo una formulación terminológica sino que identifican un modelo de comportamiento que define bien al sujeto de la acción. Uno de ellos es procrastinar: dejar para mañana, aplazar, posponer un acto o una medida. Mariano José de Larra tiró de él para escribir un histórico artículo: “Vuelva usted mañana”. El Gobierno español es muy dado a procrastinar. Ha tardado tres Consejo de Ministros en cuatro días para decretar el Estado de Alarma. Aunque el resultado final haya merecido la pena, hay medidas que no aguantan bien la dilación, porque lo que crean es inseguridad, mala cosa cuando se trata de la salud pública, al ser mecha que alimenta la psicosis. Y también poco aconsejable actitud cuando afecta a la economía. El Gobierno está tomando medidas a cuenta gotas; lo hizo el lunes y el jueves y promete que lo va a realizar también mañana en otro Consejo ordinario. Mientras tanto, el presidente ha efectuado algunas afirmaciones que son difíciles de sostener desde el punto de vista financiero, como la que refiere a la inyección de 14.000 millones de euros al sistema. Por lo que menos a la hora de cuantificar lo hasta ahora visto en el Boletín Oficial de Estado. Porque inyección supone dinero nuevo, efectivo, que es lo que necesitan los actores económicos, la economía real. Veremos en qué se concretan las medidas el martes para concluir si eran un canto al sol los anuncios o una proyección sensata de cara al futuro.
En una economía como la nuestra, y en un episodio como el del COVID 19, hay dos escenarios económicos susceptibles de incidencia. Uno es el que protagonizan los mercados financieros; el otro, el que se refiere a la economía de pymes y autónomos. En el primer campo, las bolsas de todo el mundo se han dado un batacazo en las últimas semanas. El Ibex ha llegado a perder cerca de un 30% de su valor, lo que es mucho. El viernes día 13 las autoridades bursátiles prohibieron las ventas en corto, es decir, las basadas en especulaciones bajistas que juegan y ganan apostando al hundimiento de los títulos. Fue una medida acertada. Las Bolsas europeas, entre ellas la española, repuntaron al alza de manera inmediata. Bueno será que la decisión se mantenga en el tiempo y se contengan y se expulsen a los especuladores –verdaderas lacras del sistema capitalista- del mercado. Como tampoco vendría mal que se monetice lo antes posible las medidas de liquidez (en especial para la pyme y para autónomos) que anunció el Banco Central Europeo (BCE), aunque la cantidad de 120.000 millones de euros se nos antoje escasa, a no ser que conlleve medidas complementarias del Banco Europeo de Inversiones y del propio Instituto de Crédito Oficial español. Estuvo oportuno el gobernador del Banco de España saliendo al quite y previendo acciones paralelas de financiación para países afectados por el coronavirus –Italia, España…- ante la torpeza mostrada por Christine Lagarde en su comparecencia de la semana pasada. Si no, las primas de riesgo de los países especialmente perjudicados por el contagio van a lastrar su capacidad de financiación en el mercado libre.
En lo que se refiere a las pequeñas y medianas empresas urge que el Gobierno de España establezca un Fondo de Liquidez para Empresas (FLE) a semejanza del que en el 2012, ante el cierre de los mercados financieros para las comunidades autónomas, se creara con el nombre de Fondo de Liquidez Autonómica. El FLA instituyó mecanismos extraordinarios de financiación que permitieron solventar lo que se había convertido en un colapso financiero de estas administraciones, con dificultades para colocar su deuda en el libre mercado.
Que el Consejo de Ministros aprobara en sus reuniones de los pasados lunes y jueves el aplazamiento de las obligaciones tributarias (es decir, el IVA y las retenciones de IRPF) y la consideración de la enfermedad del coronavirus no como tal enfermedad sino como accidente laboral (con su colocación directa en el sistema de desempleo) son medidas que ayudan pero con escaso calado en la liquidez de las empresas. Si estas ven reducida su actividad también bajará su IVA repercutido, y de lo que se trata, si creemos que esta es una crisis profunda aunque transitoria, es que cuando las cosas vuelvan a su sitio puedan continuar con su actividad. Y para ello necesitan fondos, porque el resto de gastos estructurales –suministro eléctrico, alquileres, pago a proveedores por mercancía que ahora engrosan el estocaje…- tendrán que seguir siendo atendidos, lo que drenará aún más la disponibilidad financiera de estas empresas en la vuelta al negocio.
En coherencia con lo dicho, parece poca cosa, por no utilizar un calificativo más grueso, que se augure que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se van a agilizar para que la carga salarial no penalice la liquidez empresarial. En efecto, este procedimiento permite suspender de manera temporal el empleo y el sueldo, siendo este asumido por el sistema de desempleo. Pero las cargas sociales siguen siendo obligación de las empresas, que se ven obligadas a satisfacerlas a la Seguridad Social. Y, en España, no son pocas. En los años 2012 y 2013 se estableció un sistema de bonificación que alcanzaba hasta el 50% (R.D.L 3/2012). Esta sí que sería una medida efectiva y monetizada de la que por ahora no se sabe nada, aunque en la actual situación parezca escasa y más si no se amplía al conjunto de trabajadores, suspendidos o no. También lo sería para los operarios –y de ello sí se ha hablado- que no computara ese tiempo en el que van a estar en el sistema de desempleo, en caso de ERTE, en el alcance temporal de su derecho al subsidio.
Pero lo que verdaderamente supondría un balón de oxígeno financiero –y vuelvo al principio con la tesis de la necesidad de un FLE- sería que a través del ICO se lanzara una serie de créditos o de préstamos, a 5, 7 ó 10 años con dos de carencia y con tipos bonificados que aliviaran la necesidad de cash de la empresa en su retorno a la actividad ordinaria. Sé que estoy hablando de liquidez financiada con un producto a largo, pero es que el periodo de maduración en la vuelta a la normalidad va a ser lento, y hay que recordar que lo extraordinario de la medida va en consonancia con lo excepcional que es que un gobierno –por legítimas causas de salud pública- ordene el cierre de empresas. No sería muy razonable que se vinculen estos préstamos de los que hablaba con la obligación de nueva inversión –estarían destinados a dotar de liquidez-, y que se exigiera que una parte de las necesidades de financiación sean sostenidas con fondos propios. O que se fuera muy estricto con la obligación de mantener la totalidad del empleo anterior o que no estén exentos de garantías que avalen los préstamos que se concedan.
Me van a permitir para terminar, y sin cargar mucho las tintas en ello, que me sorprenda la poca presencia pública que sobre esta materia está habiendo por parte de los líderes empresariales y de las Cámaras de Comercio. Y, por el contrario, que me alegre de algunas reflexiones que están apareciendo firmadas por prestigiosos economistas europeos. Una de ellas lleva por título “Europa necesita un plan de auxilio contra la catástrofe”. Recomiendo su lectura.
