La reforma de la Política Agrícola Común, ver cómo pueden quedar las ayudas y la redistribución de las mismas, la escasa atención que se presta en el texto a los intereses de las cabañas ganaderas, las exigencias medioambientales para acceder al 30% de la ayuda del sobre nacional o la definición de quién es agricultor activo como persona prioritaria a la hora de acceder a los fondos son las cuestiones que más interesan y preocupan hoy al conjunto del sector agrario. De ello son un buen reflejo las posiciones y demandas que se plantean desde las organizaciones agrarias a las propias comunidades autónomas y en la administración central.
De esta propuesta de reforma se viene hablando ya hace más de dos años. Primero, en base a filtraciones oficiales encaminadas a sondear la posición del sector agrario. Desde el pasado octubre, por el documento oficial que ya ha entrado en una primera fase de los debates en el seno de las instituciones comunitarias, donde deben dar ya la cara los planteamientos de cada uno de los países. El pasado otoño, al conocer el contenido de la propuesta, la sensación del sector era que se mantenía congelado el presupuesto en los niveles del año anterior, y, en el caso de España, que había un ligero ajuste a la baja. Ahora, la preocupación es que Bruselas no llegue incluso a mantener el contenido presupuestario de aquella propuesta ante la situación económica en que vive la UE, y la posición de algunos países del norte de considerar muy elevados los fondos para una situación de crisis.
El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, en su reciente visita a España, señalaba que la Comisión se hallaba en una posición de la máxima flexibilidad, no para modificar el eje de la propuesta, cambiar los actuales pagos por derechos históricos a pagos por superficie, sino a la hora de aplicar el contenido de la misma en cada país. Cada Estado tendrá un margen amplio para definir quién es agricultor activo, qué es la política de verdeo y cuáles serán las hectáreas que se deben calificar como elegibles para asignar un pago, hoy 26 millones, frente a solo casi 17 millones de derechos. Aquí el debate se presenta peliagudo. En el caso de España, el ministro Cañete ya ha señalado su rechazo a la misma, pero su disposición a negociar para su mejora.
La PAC es importante para el sector agrario español en cuanto que supone al año unos 7.200 millones de euros, de los que unos 5.500 millones son como ayudas directas, hasta suponer en algunos sectores el 50% de la renta agraria de una explotación y con una media del 30%, además de apoyos para el mundo rural y con un menor peso en las medidas de apoyo a los mercados tras casi eliminar los mecanismos más importantes, como las compras en intervención el almacenamiento privado o los apoyos a la exportación.
Gran dependencia. Fruto de ese peso en la actividad del sector agrario y el mundo rural es el interés generalizado por el futuro de la misma. Existe una gran dependencia de lo que se decide en Bruselas, no solo en cuestión de fondos, sino también en el desarrollo de normativas que pueden cambiar el paisaje del sector. Esta dependencia va desde las normas sobre el bienestar animal, hasta la reglamentación por la que se abriría la posibilidad en el sector de la leche de las negociaciones colectivas de los contratos desde las organizaciones de productores, con opción incluso de fijar precios.
Con la mirada puesta en el futuro del sector agrario, nos encontramos que hay, sin embargo, dos realidades muy distintas.
El primer lugar, una PAC que, aunque parece que no se mueve, se halla en permanente proceso de cambios, con sucesivas reformas que suponen una situación permanente de incertidumbres en agricultores y ganaderos, y que imposibilitan la adopción de inversiones. El sector reclama más estabilidad en la PAC, cosa que no ha sucedido en el pasado.
En segundo lugar, frente a la situación actual donde parece que todo gira en el entorno de la reforma, la realidad es que, además de PAC, es totalmente indispensable que el sector disponga de una Política Agrícola Nacional (PAN).
Por unas u otras razones, en los últimos años el sector ha estado casi huérfano de este tipo de actuaciones. La PAC marca o puede marcar unas pautas y, sobre todo, definir el montante de unas ayudas un 30% como medias de la renta agraria en unos sectores del 50% y en otros casi inexistentes. Pero no hay que olvidar que ese otro 70% de la renta agraria procede de los mercados y de la capacidad del sector para incorporarse a los mismos. Por ese motivo, es fundamental que, además de la PAC, se instaure una auténtica política nacional sobre todo en varios aspectos básicos. La mejora de estructura de las explotaciones, la mayor ordenación de la oferta vía organizaciones de productores o cooperativas integradas, lejos del actual minifundismo, una mayor capacidad de negociación, tanto en las venta de sus productos y en la compra y en el uso de los medios de producción…
Por todo ello, son un motivo de esperanza las reflexiones de la recién llegada secretaría general de Agricultura, Isabel García Tejerían, cuando comentaba que, además de la PAC, hay mucho importante que hacer en esta legislatura.
