Los delitos de odio se han incrementado un 36% en España desde 2013 y un 10% en Castilla y León, según los registros de las comisarías. En la provincia de Segovia, la estadística del Ministerio del Interior indica que el año pasado hubo un total de dos hechos conocidos y la tasa de este tipo de delitos por cada 100.000 habitantes se situó en 1,3, por debajo de las medias nacional (3,4) y autonómica (2,4). Sin embargo, la tendencia general ha llevado al Consejo General de la Abogacía de Castilla y León (CRACYL), que preside el segoviano Julio Sanz Orejudo, a organizar cursos específicos como el que se celebró ayer por la tarde en la sede del Colegio de Abogados de Segovia.
Esta acción formativa estuvo a cargo del fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Burgos, Santiago Mena Cerdá, que desde 2015 ejerce como fiscal delegado provincial en la especialidad de ‘Igualdad, contra la discriminación y delitos de odio’.
Antes de su intervención Mena explicó en que se trata de un tipo de delitos que “evidentemente está creciendo pero ya existían y quizá no afloraban o no se denunciaban”.
Insiste este experto jurista en la complejidad importante de la legislación más moderna sobre delitos de odio y, de ahí, el interés e importancia “de la comunicación entre las partes que tenemos que aplicarla; en este caso entre la Fiscalía y la abogacía”.
Los delitos de odio son aquellos que se cometen por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, aporofobia –miedo a los pobres– y por discapacidad. Desde el año pasado, el Ministerio incluye en sus estadísticas la categoría de discriminación por razón de enfermedad y discriminación generacional, que incluye fundamentalmente la gerontofobia.
Racismo y agresiones al colectivo LGTBI
Mena se muestra prudente a la hora de hablar de los grupos de personas que más sufren delitos de odio y, aunque reconoce que “siguen siendo los clásicos, por racismo, xenofobia y aumenta mucho los del colectivo LGTBI”, añade que “todavía hay que consolidar los números”, ya que las estadísticas más fiables empezaron a recogerse a raíz de la reforma del Código Penal en 2015.
No cree, sin embargo, “que socialmente haya ahora una focalización contra algún grupo por una razón concreta”.
Por su parte, el presidente del CRACYL sostiene que hay un debate en la sociedad sobre los delitos de odio “y los profesionales tenemos que aproximarnos desde el derecho de una forma razonable”. Recuerda que la abogacía está muy implicada en la defensa de los derechos humanos y, por lo tanto, en la igualdad ante cualquier tipo de intolerancia o discriminación “para atender a los ciudadanos y que dispongan de protección penal”.
El ponente pone de relieve que para los juristas el problema fundamental al que se enfrentan es la prueba, porque hay conductas o expresiones que no se han considerado hasta ahora y “hay que ver cómo se articulan aplicando los principios generales del Derecho Penal… No estamos ante un delito de robo, son delitos muy complejos de probar porque afloran los sentimientos más íntimos, hay que probar la intención del autor, todos ellos elementos novedosos”.
En este sentido, la jornada que acogió ayer el Colegio de Abogados sirvió, entre otras cosas, para que los letrados asistentes conocieran los criterios que se están recogiendo ya en la jurisprudencia, aunque Mena concluye que “la práctica jurídica no es sencilla y requiere de un largo tiempo”. Añade que “hay que amalgamar cuando confluyen varios derechos fundamentales y puede haber colisión, por ejemplo, con la libertad de expresión, para ver cual prevalece”.
Admite por otro lado que, aunque pueden ser variadas las razones por las que pueden estar creciendo estos delitos de odio en España, “evidentemente el efecto propagador de las redes sociales y los medios de comunicación de masas provoca un daño multiplicador cada minuto”.
