El sindicato UGT trasladará a instituciones y organizaciones de Castilla y León su «inquietud» por la reforma del Código Penal y el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, debido al «sesgo ideológico» que contienen y a la «persecución» y «criminalización de la protesta social» que, a su juicio, conllevan.
Así lo aseguró ayer en Valladolid el secretario de Política Institucional y Territorial del sindicato en la Comunidad, Óscar Lobo, quien consideró que «no están justificadas» ambas iniciativas legislativas, ya que «no responden a los principales problemas del país».
En este sentido, afirmó que los «mayores problemas» para los ciudadanos «no son ni la delincuencia, ni la falta de seguridad, ni los desórdenes públicos», ya que «España tiene actualmente la tasa de criminalidad más baja desde 2003», por lo que señaló como verdaderas amenazas «el desempleo, los recortes y la pobreza».
Lobo realizó estas declaraciones en una jornada de trabajo celebrada ayer en Valladolid a la que acudió el secretario confederal de Participación Sindical y Confederal de UGT, Frederic Monell, quien insistió en que «sólo un 0,2% de los españoles perciben la seguridad como el primer problema», según el CIS.
Monell acusó al Gobierno de promover estas dos medidas dentro de un paquete en el que ha incluido la ya aprobada Ley de Seguridad Privada o incluso las nuevas tasas judiciales que «favorecen la inhibición de los ciudadanos en el acceso a la justicia».
Por ello, mostró su «preocupación» por esta deriva, al tiempo que alertó de algunos «elementos de inconstitucionalidad» de estas iniciativas e invitó al Ejecutivo a «proteger los derechos ciudadanos en lugar de endurecer las normas».
Asimismo, criticó que con estas leyes se produce la «irrupción del Derecho Penal en el mundo laboral», algo que ejemplificó en los 265 sindicalistas imputados y en los 81 procesos abiertos por el ejercicio del derecho a huelga en el país, una «señal importante de alarma”.
«No es sólo un problema de los sindicatos, son cosas que afectan a la democracia», advirtió Monell, quien acusó a los miembros del Gobierno y dirigentes de la Unión Europea de defender «ciertas incompatibilidades entre el sistema capitalista y la democracia y los mecanismos de protección social», algo que, en su opinión, desmienten ejemplos como el de los países nórdicos.
