La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, confió ayer en que el margen de dos años que da la Comisión Europea a España para llegar al tres por ciento en el objetivo de déficit sea igual para todas las comunidades autónomas y defendió un reparto simétrico de ese esfuerzo en el control del gasto.
Del Olmo se manifestó así tras conocer que el comisario europeo de Economía, Olli Rehn, da la conformidad a los dos años extra pedidos por el Gobierno de España para reducir el déficit público al 3 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) e insistió en que el criterio más justo para repartir ese margen es el porcentaje de gasto, que en el caso de las comunidades autónomas ronda el 35 por ciento y en los ayuntamientos el 15 por ciento.
La consejera recordó que el mayor esfuerzo para cumplir con el déficit se ha realizado en el ejercicio de 2012 por las comunidades y por las entidades locales.
Después de confiar en que el margen sea «para todos y por igual», la consejera explicó que el acuerdo se debe producir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, si bien expresó el respeto hacia posiciones como la expresada por el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, de pedir un déficit conforme a las necesidades de su comunidad.
En tal sentido, manifestó que todas las posturas se respetan y, sin imponer sus criterios, porque entiende que cada comunidad tiene autonomía para expresar su propuesta, sí reiteró que se debe llegar a un acuerdo para lo mejor para España. Del Olmo recordó que el acuerdo del Consejo de Política Fiscal es vinculante.
No es la primera vez que Pilar del Olmo se manifiesta en este sentido para reclamar un reparto simétrico del tiempo extra para ajustar el déficit, ni tampoco ha sido el único miembro de la Junta en reclamar esa igualdad de trato. De hecho, la semana pasada, tras la reunión del Consejo de Gobierno,
El consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, reiteraba que si había una flexibilización del objetivo del déficit que debe cumplir España, se debe repartir «de forma equitativa» entre el Estado y las autonomías porque recordó que en 2012 no fue así ya que unos 20.000 millones de los 25.000 totales que se ajustaron corrieron a cargo de las administraciones regionales, es decir, «el 76% del esfuerzo», cuando además son las que se encargan de prestar los servicios esenciales. De Santiago-Juárez remarcó que todas las administraciones deben «compartir la carga» y mostró su incomprensión con que las comunidades tengan que hacer «más esfuerzo del Estado». Además, planteó que «no vale aplicar un déficit a la carta a las autonomías», tal y como piden algunas como Cataluña, sino que el objetivo debe ser «igual para todos».
Y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, pidió durante el congreso regional de UGT al Gobierno de España un reparto «más equitativo», «proporcional» y acorde con los esfuerzos, el gasto público y los servicios, de la flexibilización del límite de déficit, que se ha fijado este año en el 1,2% del PIB para el conjunto de las autonomías, cinco décimas más de lo previsto. Además, reclamó que no se castigue a las comunidades que en 2012 hicieron el esfuerzo de cumplir con el 1,5% marcado.
