El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, reiteró ayer, tras la reunión que mantuvo con el presidente del PP, Mariano Rajoy, y el resto de los máximos responsables de las comunidades autónomas gobernadas por los populares, su compromiso con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y aseguró que «sólo desde la aplicación de los criterios de austeridad y disciplina presupuestaria es posible garantizar los servicios públicos esenciales». «La sostenibilidad de las finanzas públicas es una condición ineludible para el funcionamiento del Estado del bienestar», según Herrera, quien consideró que ha de realizarse un gran esfuerzo de contención del gasto público como el que ya han iniciado algunas comunidades.
El presidente regional afirmó que es necesario un «compromiso con la transparencia de todas las administraciones para conocer la situación real y aportar las mejores soluciones para generar credibilidad y confianza». En esta línea, consideró que un ejercicio de transparencia riguroso y profundo sería «claramente beneficioso» ya que ayudaría a mejorar la imagen de España y serviría de punto de partida para las políticas de austeridad.
Desde el Ejecutivo Autonómico se demandó al Gobierno central que se realicen las reformas legislativas necesarias de carácter nacional que garanticen la estabilidad presupuestaria mediante un nuevo marco de disciplina, dentro del cual se comprometió a aprobar normas a nivel regional.
Así, propuso una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que recupere este concepto, establezca techos de gasto y endeudamiento para todas las Administraciones Públicas e incluya los compromisos de gastos para los próximos años de forma que se prevea el impacto que sobre los presupuestos tendrán cuestiones como la dependencia o el envejecimiento.
Además, en el ámbito de la lealtad institucional, Herrera exigió «responsabilidades» al Gobierno de España por el «incumplimiento de sus obligaciones», especialmente por sus efectos sobre la liquidez. A este respecto, consideró que corresponde al Ejecutivo central llevar a cabo «actuaciones inmediatas que palien el problema de liquidez que él mismo generó».
Al respecto, el presidente autonómico planteó un aplazamiento a diez años de la devolución de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009; establecer un procedimiento de pago a cuenta de los fondos adicionales del modelo de financiación, incluidos los fondos de convergencia ya que indicó que éstos forman parte de los recursos de las comunidades y «no tiene sentido» que se perciban dos años más tarde de la liquidación, y fijar un procedimiento reglado de concesión de avales del Estado a las emisiones de deuda autonómica caso por caso, mediante un análisis previo de la necesidad y destino de esos fondos.
Por su parte, se comprometió a actuar de forma coordinada en la mejora de la eficiencia del gasto público y la consecución de una mayor unidad de mercado.
Interés partidista
El secretario del Grupo Socialista en las Cortes regionales, José Francisco Martín, criticó con dureza que los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP se reunieran para consensuar una postura de cara al Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy, acusando a la Junta de «supeditar la postura de la Comunidad a los intereses partidistas y partidarios del señor Rajoy y del PP». «Se está buscando una postura de partido, del PP, para enfrentarla a la del Gobierno, y es contraproducente para los intereses de la Comunidad», aseveró antes de poner en duda que los de Castilla y León en esta materia puedan coincidir con los de regiones como Murcia.
