El sector agrario se enfrenta a este nuevo año con temas clave que pueden condicionar su futuro y, sobre todo, con muchos interrogantes en un período en el que las confrontaciones electorales, la de mayo y las generales de 2012, pueden dejar al campo en un segundo plano. En este tipo de escenarios dominados por las urnas, existe el riesgo de que la política se incline, en el mejor de los casos, por actuaciones de propaganda, ligadas a problemas del momento, en lugar de abordar las cuestiones de fondo.
El sector, con unos 300.000 profesionales, supone un porcentaje muy reducido de votos que, además, en gran parte son proclives de antemano al principal partido de la oposición a tenor de anteriores convocatorias.
Parece pues dudoso que desde el Gobierno se vaya a poner en marcha, de golpe, una política para el campo que no ha desarrollado en siete años. Buen ejemplo de ello es el nombramiento de Rosa Aguilar para el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, con relevo de expertos por personas del todo ajenas al sector.
De entrada, el año parte con un recorte de los fondos del Estado superior al 30 por ciento, el mayor ajuste presupuestario, solo por detrás de Fomento, lo que va a condicionar el desarrollo de los regadíos, pero también al conjunto a las acciones dependientes de la Administración española.
Del conjunto de la renta agraria, las ayudas, en su casi totalidad comunitarias, supusieron en 2010 más del 30% de los ingresos medios de una explotación. Para el sector, es positivo que, al menos de momento, Bruselas no vaya a recortar los pagos de a Política Agrícola Común y que afectan a las herbáceas, olivar y viñedo y a las cabañas de ovino o de vacuno de carne. Pero, con esos ingresos en la mano, el sector se enfrenta a una serie de incógnitas de las que dependerá su futuro y entre las que se pueden destacar las siguientes:
Reforma de la pac: La reforma de la PAC, para su aplicación a partir de 2014, es un elemento clave sobre el que puede pivotar todo el futuro del sector. En los próximos meses se deben cerrar las negociaciones entre la Comisión y los países para definir las líneas claves con el horizonte del 2020. En la futura PAC hay tres elementos de los que dependerán las rentas futuras. El primero es el volumen de recursos a asignar. Se parte del acuerdo entre el Reino Unido, Alemania y Francia, para congelar los fondos a partir de 2014. Si eso se concreta, habría problemas para mantener los actuales niveles de ayudas.
El segundo es la redistribución de los fondos, con la sustitución de los actuales derechos históricos por unos pagos uniformes para todos los países miembros, por cultivo o por cabeza de ganado, complementados con otras oprimas en función de la ubicación de la explotación o su papel medioambiental
Tercero: cómo quedarán los actuales mecanismos para la regulación de los mercados, de los que dependen gran parte de los ingresos de una explotación.
Mercados exteriores: Son esenciales para el mantenimiento de los precios domésticos. Bruselas, al hilo de las exigencias de la OMC, mantiene una política de apertura de fronteras con acuerdos bilaterales. En los próximos meses entrará en vigor el sellado con Marruecos, del que España es la gran perjudicada, mientras beneficiará las exportaciones agrícolas de otros Estados.
Se está avanzando igualmente en las negociaciones con Mercosur, que pueden suponer una avalancha de importaciones, sobre todo de carnes y materias primas para alimentación animal.
Junto a la política de acuerdos, destaca la posición comunitaria proclive a no exigir a los productos importados las mismas condiciones que se piden a los producidos en los países miembros
Política de contratos: La crisis soportada en el último año por el sector de la leche de vaca hizo que Bruselas analizara las causas de los problemas y que planteara en ese ámbito, con posibilidad de extenderlo a otras producciones, una política de contratos y de negociaciones de las organizaciones interprofesionales con las industrias o los operadores.
Bruselas dejaba libertad a cada país para que la firma de contratos fuera o no obligatoria. En España, la Administración agraria ya se ha manifestado a favor de que sean obligatorios y que las organizaciones interprofesionales tengan capacidad para negociarlos, incluidos los índices de precios, para dar un mayor peso a los productores.
El problema en el caso español es concretar cuál vaya a ser la postura que adopten los servicios de Competencia de Economía, tradicionalmente celosos de cualquier acuerdo de precios en el sector agrario y permisivos con la actividad monopolística de grandes grupos en otros ámbitos.
