De la misma manera que los cocineros y los pavos tienen un concepto diferente de la Navidad, el propietario de un piso mantiene un punto de vista bastante distinto del que tiene el inquilino.
“El problema de la vivienda”, como se le denominaba en los ya lejanos tiempos de la Dictadura, no es fácil de resolver, y de hecho no hay ningún país de la Unión Europea que lo haya resuelto. Y lo que resulta ingenuo es que los políticos drogodependientes de la demagogia, oferten propuestas que no sólo no arreglan, sino que pueden agravar el problema. El exceso de proteccionismo hacia los inquilinos, en el régimen franquista, derivó hacia una retracción de los propietarios, porque un contrato de alquiler, como el matrimonio, era para toda la vida. Y fue un ministro socialista, Miguel Boyer, quien liberalizó el mercado, logró que aumentara la oferta, y neutralizó que un propietario de un piso de bastante valor se quedara sin su propiedad, mientras el precio del alquiler, al cabo de diez o quince años, se convirtiera en un chollo para el inquilino. Por supuesto que el libre mercado puede tener correcciones, pero ni los ayuntamientos se pueden convertir en empresas públicas de alquiler de miles de pisos oficiales, ni jurídicamente se puede expropiar un piso a quien, si las condiciones del mercado no le gustan, prefiere dejarlo vacío.
¿Impuestos a pisos vacíos? Bueno, pero puede que el ahorro no vaya hacia la adquisición de la vivienda, y a nadie le suben los impuestos porque sea propietario de un automóvil que no usa o de un caro abrigo de pieles que no se pone nunca.
Este problema social, económico y jurídico, no se puede resolver a golpe de ocurrencias, y merece un estudio profundo para no comenzar a poner en marcha iniciativas que pueden derivar en estatalismo abusivo o, lo contrario, observar la vivienda como si fuera lo mismo que un valor en Bolsa.
