La noticia ha pasado desapercibida, casi como un relámpago por los medios de comunicación, donde sólo mereció poco más de quince líneas escondidas en una columna de relleno. Ni siquiera mereció atención en las plataformas digitales donde por cierto cuela todo.
Sin embargo a mí me llamó la atención por lo desproporcionado de la aplicación judicial del hecho; haciendo irremediablemente (a la vista de lo infringido y el enjuiciamiento judicial aplicado) una comparación de urgencia con otros casos notoriamente de mayor calado delictivo hacia los que o se hace la vista gorda (lo que sería prevaricación) o que la Justicia tiene una vara de medir distinta, según el caso, para el delincuente y lo delinquido.
Resulta que según los hechos un joven ha sido “empapelado” por haber robado -o intentarlo- un bocadillo en una panadería a donde entró acuciado por la hambruna y armado para intimidar a los empleados con la solapa metálica de una lata de refrescos. No debió pensar el alma cándida que con esas armas disuasorias (pieza de convicción en las actuaciones judiciales supongo) mal podría amedrantar al servicio del establecimiento. Lo más propio -digo yo- hubiera sido que el muchacho recordando lo que dijo el Maestro de que se diera de comer al hambriento, hubiera pedido en la panadería asaltada a punta de solapa de hojalata que le amainaran su estado de necesidad con un bocadillo reciente y generoso sin más. O mejor dicho con algo dentro más que la miga: un poco de salchichón o unas rodajas de mortadela, por ejemplo.
Así las cosas y planteado el atraco a la panadería el delincuente hambriento fue “reducido” y entregado a las fuerzas de seguridad y éstos -ignoro si esposado- pusieron a éste a disposición del Juez de guardia como un trofeo a la eficiencia represiva. Y mientras, en ese calvario judicial, el muchacho vió como el Fiscal -por semejante delito que suponía el ingenuo atraco para poderse comer un bocadillo- estimaba, valoraba y aplicaba rectamente la Ley pidiendo para el “delincuente” la pena de tres años y medio de cárcel. Menos mal que el Juez, dadas las características del “arma intimidatoria” que se empleó -aquella simple lengüeta de una lata de refrescos- consideró que no era para tanto y le aplicó sin más ni menos que una condena de 21 meses de cárcel que, al parecer -según la defensa de oficio del muchacho- estará exento de cumplir en un centro penitenciario dadas las circunstancias atenuantes que conlleva el caso.
Y viendo estas cosas y la dimensión del acaecimiento uno se pregunta: ¿qué pena carcelaria cabría imponer a los que roban tanto en esferas del poder o de la delincuencia opacada? Porque todos sabemos que en este país se está robando a ojos vistas (más para langostas que para bocadillos de salchichón) y que son bien pocas las condenas que trascienden ante semejantes atropellos al dinero ajeno. Lo cual parece que, como se dice ahora, no es proporcional. Al menos, eso parece.
Y eso es, precisamente, lo que tiene confundida a la ciudadanía que, con razón, está perdiendo la confianza y credibilidad en la política y hasta en la propia Justicia. Y es que no lo entiende.
Bueno y queda por saber -que no se ha dicho- si finalmente el chaval se comió o no el bocadillo objeto de sus desventuras. ¡Jesús, que cosas!
