La agricultura y ganadería vivió de nuevo un año de gran incertidumbre durante 2010, un ejercicio marcado fundamentalmente por los primeros detalles conocidos de la PAC con horizonte 2020, que se caracteriza porque eliminará criterios históricos y tendrá un contenido más medioambiental.
Este año, en el que Rosa Aguilar tomó el relevó de Elena Espinosa al frente del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM), la crisis económica galopante se acentuó sobre los agricultores y ganaderos y, por si fuera poco, los presupuestos generales para el próximo año se reducirán, tanto en la Administración General del Estado como en el Gobierno regional, algo que evidentemente no ayuda a aliviar la situación económica de los profesionales del campo.
También pasó sin pena ni gloria en el sector la Presidencia Española de la Unión Europea durante el primer semestre, periodo en el que muchos expertos confiaban en que se trazaran las primeras líneas de la propia PAC, y que motivó diversas protestas del campo. Otro de los aspectos que trae polémica, y aún continuará, es la solicitud de 478 remolacheros para trasvasar una cuota de 17.336 toneladas de azúcar de British Sugar a Acor.
De este modo, el 18 de noviembre la Comisión Europea presentó su documento de reformas de la Política Agraria Común (PAC), basada en eliminar los criterios históricos que supuestamente benefician a los antiguos estados miembros y premiar a aquellos que hagan más esfuerzos medioambientales. El Ejecutivo comunitario busca desarrollar un mecanismo «más objetivo y justo» para todos los agricultores de la UE.
La nueva PAC contará con una serie de pagos directos destinados únicamente a los agricultores en activo. Se trata de un pago base a la renta de estos profesionales, un complemento verde, una ayuda para los que desarrollan su actividad en zonas con dificultades específicas, un pago acoplado a la producción y un apoyo a los pequeños productores. Además, propone una estructura que mantiene los dos pilares: ayudas directas a los agricultores y desarrollo rural, diferenciando claramente los objetivos de cada uno de ellos.
El documento, que se aplicará desde el 1 de enero de 2014 y será aprobado durante 2012, plantea una redistribución de pagos entre estados miembros y agricultores con períodos transitorios para evitar los cambios radicales. De forma conjunta la reforma no ha gustado a nadie. La Junta critica el componente excesivamente verde, mientras que las opas, que incluyen muchas quejas, al menos destacan que se prime al agricultor a título principal (ATP).
Además, en estos doce meses en los que continuó una fuerte crisis en el sector, los presupuestos generales para el próximo año se redujeron, tanto en la Administración General del Estado como en el Gobierno regional. Las cuentas de la Consejería de Agricultura descienden para el año próximo un 8% según la Junta y más de un 20 según las opas. Por su parte, cayeron las del Estado en el sector hasta un 31,3 por ciento.
Tras los primeros años de aplicación de la OCM del Azúcar, 2010 fue noticia en este ámbito de la economía agraria al solicitar 478 cultivadores de remolacha de la región el trasvase de 17.336 toneladas de azúcar de British Sugar (antigua Azucarera Ebro) a Cooperativa Acor. Sobre este aspecto, que aún traerá cola durante el próximo año, la Junta rechaza cualquier trasvase de cupo y defiende que «no se debe mover» porque la «fuerza» del sector reside en la «estabilidad» lograda hasta 2014, gracias al acuerdo suscrito con ambas compañías en marzo de 2008. Por su parte, las cuatro opas respaldaron el cambio presentado ante el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y, de no ser así, que la firma británica al menos cumpla con los precios pactados en aquel acuerdo.
Durante 2010 las administraciones mantuvieron la apuesta por los regadíos en la Comunidad, lo que en el cómputo general hace que en los últimos tres años se hayan modernizado más de 30.000 hectáreas y creado casi 22.000 nuevas, tanto promovidos por la Junta como la sociedad estatal Seiasa.
Aspectos comerciales 2010 fue el año de consolidación de la marca regional Tierra de Sabor tras casi dos años de recorrido. En la actualidad, da cobijo a 655 industrias que han solicitado adherirse a este sello de calidad fomentado por la Junta y que representan a 3.990 productos de Castilla y León.
Dentro de la propia marca Tierra de Sabor, este año fue el elegido en el ámbito comercial de la agricultura y ganadería para dar a conocer una nueva marca de calidad específica: Queso Castellano, que ampara al 80% de la producción regional. La iniciativa quiere aglutinar a todos los quesos de la Comunidad, y según la Junta no deja fuera a los de León.
Además, el Gobierno regional expedientó a los supermercados Alimerka por promocionar patata francesa como de Castilla y León, tubérculo para el que la Junta incentiva el almacenamiento e impulsa un contrato tipo para conseguir valor añadido al productor, gracias al Plan Estratégico del Sector en Castilla y León para el período 2010-2013.
Como sucede todos los años, las protestas del sector se dejaron ver por las calles de las principales ciudades para expresar su malestar por la situación que vive desde hace años. La primera de ellas tuvo lugar el 6 de mayo con motivo de la Presidencia Española de la UE. Y es que se celebraron decenas de manifestaciones por todas las capitales de provincia de la Comunidad, en Madrid y en Mérida, el 31 de mayo, con motivo de la Cumbre de Ministros de Agricultura de la UE. Pero una de las que más repercutió fue la de los ganaderos de Castilla y León, que derramaron cerca de 300.000 litros de leche en diferentes puntos de la región, con el fin de reivindicar precios dignos para producción láctea de la Comunidad.
