Que nadie se llame a engaño. Pasada la tormenta provocada por el asesinato del periodista árabe Jamal Khashoggi, los países que tienen contratos de venta de armas a Arabia Saudí, los ejecutarán. Y más adelante, en nombre de la realpolitik, volverán a firmar nuevos pedidos de armamento. Arabia compra grandes cantidades de armas y es el primer exportador mundial de petróleo. Y contrata obras civiles faraónicas con empresas occidentales. Entre ellas, algunas españolas. El AVE de Medina a la Meca, 6.700 millones de euros, el metro de Riad otros 6.500 y las famosas cinco corbetas encargadas a los astilleros de Navantia cuyo coste ronda los dos mil millones. Son palabras mayores.
Por mucho que el presidente Pedro Sánchez argumente en el Congreso que en el caso de las corbetas el Gobierno lo que hace es cumplir un contrato heredado, un contrato firmado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, a nadie se le oculta que procede de manera similar a como reaccionó en el caso de las “bombas inteligentes”.
Frente al dilema que presentaba el asunto en orden al debido respeto a los Derechos Humanos (El Reino de Arabia podía emplear las bombas en la guerra del Yemen), optó por desautorizar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, inclinándose por el pragmatismo que venía urgido por las demandas de los trabajadores de los astilleros de Cádiz, Ferrol y Cartagena que veían peligrar una carga de trabajo que el contrato de los barcos les asegura para los próximo cinco años.
Cobijándose bajo el paraguas de la diplomacia, el Gobierno ha estado esperando a ver qué hacía Francia. A diferencia de Alemania cuyos ingresos por la venta de armas a Arabia son muy discretos, en el caso de nuestros vecinos la cosa cambia. Después de los EEUU y el Reino Unido es el tercer proveedor de armamento a la Monarquía del desierto. Y tengo para mí, que así seguirá siendo en cuanto amaine la tormenta creada por el alevoso asesinato dentro del consulado de Estambul del periodista Jamal Khashoggi. Un asesinato que tiene todas las trazas de ser un crimen de Estado. Salvo raras excepciones la política internacional se rige por pautas en las que los intereses de país suelen estar por encima de cualquier otra consideración. Y la mayor parte de los políticos las invocaciones a respetar los Derechos Humanos las dejan para cuando discursean en las sesiones de las Naciones Unidas.
