El Procurador del Común de Castilla y León y catedrático de derecho administrativo, Tomás Quintana, ha advertido de la necesidad de «especial atención» que presentan las zonas residenciales urbanas, por asistir «al igual que las personas» a un proceso de envejecimiento.
Así lo ha puesto de manifiesto en la conferencia inaugural de la jornada sobre el cambio de modelo urbanístico, que se ha desarrollado en la Diputación de Segovia en colaboración con la Fundación Democracia y Gobierno Local.
En su intervención, Quintana ha llamado la atención sobre la necesidad de ampliar la atención en cuanto a conservación más allá de los recintos históricos de los ciudades. Más allá de la importancia de preservar ese patrimonio histórico, aseguró que queda pendiente de atender debidamente la ciudad construida, que ha sido «la gran olvidada».
Además abordó el cambio de modelo que ha experimentado el derecho urbanístico en España y en otros países, con una modificación desde mediados del siglo XX, para dejar atrás el modelo «expansivo» que acompañaba al desarrollo económico y social y que, en muchos casos, estaba mal planificado y con una visión «cortoplacista», para construir y hacer «caso omiso» incluso a las leyes de la naturaleza.
La reciente crisis económica ha supuesto un cambio de concepto, según Quintana, y ha originado un nuevo marco legislativo, con normas surgidas en 2007 y 2013 que han tenido continuidad en las comunidades autónomas, hasta conseguir plasmar ese espíritu en el «día a día».
En paralelo, cree que los tribunales han puesto «límite» a la tendencia expansiva, para aplicar normas «que no eran demasiado conocidas» por los gestores urbanísticos locales y regionales. Una situación, pues, que ha tenido que ser «corregida», de modo que en la actualidad, por ejemplo, no se transformar más suelo rústico en urbanizable –y después en urbano– que lo «estrictamente necesario» según la demanda de la sociedad y la economía del municipio en cuestión.
Normas subsidiarias
Por su parte, el presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez, ha remarcado que la institución provincial ha aprobado recientemente las normas subsidiarias provinciales en materia urbanística, dado que había 104 núcleos de población y 86 ayuntamientos que no disponían de ese instrumento y de este modo cuentan con una normas «mínimas».
También señaló que el suelo debe ser entendido «además de como un recurso económico, como uno de los más valiosos elementos naturales de los que disponemos. Es por ello, que en su regulación se hace preciso conjugar toda una serie de factores como el medio ambiente, la calidad de vida, la eficiencia energética, la prestación de servicios o la cohesión social, entre otros muchos».
Mientras, el director de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Ramón Camp, ha recordado que la actividad de este martes en Segovia se suma a las que durante este año han tocado temas como la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Transparencia o la Ley de Protección de Datos, entre otros asuntos, como el medio ambiente u otros ámbitos en los que hay novedades normativas o interés en la acción pública.
