Este lunes un Guardia Civil destinado en el Puesto de La Zubia, Comandancia de Granada, ha fallecido en el transcurso del Servicio mientras realizaba labores de identificación de los ocupantes de un vehículo sospechoso y presuntamente relacionado con un acto delictivo previo. Hace unos días, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Cornellà de Llobregat, provincia de Barcelona, ha archivado la investigación a la Mosso de Escuadra que abatió al presunto yihadista que según parece se avalanzó sobre ella con un cuchillo mientras la agente de policía realizaba servicio en la Comisaría del citado municipio el pasado 20 de agosto. Afortunadamente la juez considera que “esta” actuó “en legítima defensa”. Ya han pasado algunos meses desde la entrada por la fuerza de cientos de inmigrantes “ilegales” a través de la frontera española situada en la ciudad autonómica de Ceuta. El asalto se produjo con un hasta ahora inusitado y premeditado empleo de la violencia contra los efectivos de la Guardia Civil destinados en esa línea fronteriza. Son muchos los casos y las situaciones de riesgo a las que se enfrentan los servidores públicos y que en ocasiones tienen un desenlace trágico. Frente a este panorama seguramente son muchos los ciudadanos que pueden preguntarse por qué esa desproporción o esa apariencia de falta de respuesta y de contundencia por parte de los agentes en el uso de la fuerza. El debate acerca del uso legítimo de esta puede que ya empezase realmente antes de los noventa.
Recuerdo que estando destinado en los Grupos de Montaña de la Guardia Civil acostumbrábamos a dedicar una jornada semanal para realizar el entrenamiento y controles físicos de la unidad. Esta actividad se prolongaba durante la mañana para terminar con otra actividad de tipo más intelectual y de estudio acerca de temas profesionales y militares, esto normalmente a partir del medio día. Nos reuníamos para este último menester en las dependencias oficiales de la Unidad donde procedíamos a leer y comentar las “circulares y disposiciones generales de interés para el servicio” que a efectos profesionales de ámbito policial o carácter militar fuesen de nuestra incumbencia. Lógicamente todas eran generalmente de obligado cumplimiento. Una de estas que recuerdo especialmente y seguro que le sucederá también a muchos de mis antiguos compañeros, llevaba por título “la proporcionalidad de los medios”.
De origen jurídico y matizadas por cierto criterio político, las nuevas instrucciónes trataban de regular los medios y el uso de “la fuerza para que fuese empleada de manera legítima” tomando para ello como referencia los medios que pudieran ser usados a su vez en contra del agente. La conclusión general era que la respuesta nunca debía aplicarse en mayor medida ni con medios más contundentes. Quedaba claro que solo equiparando los medios o en “circunstancias de inferioridad clara” se evitaba incurrir en un uso “desproporcionado”. Si no eran estos los términos exactos, seguramente fueron otros parecidos. Recuerdo que por entonces “los medios” que disponía el agente eran un arma corta, una larga y la pericia subjetiva necesaria para su manejo que no era otra que la destreza adquirida en los periodos académicos. Claramente generó un debate interno entre los integrantes del Cuerpo. En la infinidad de situaciones posibles de verdadero riesgo para la integridad física de los ciudadanos y del propio agente, prácticamente en todas salvo que te disparasen primero y preferiblemente hiriesen, no se debía hacer uso del arma reglamentaria, sobre todo si uno no quería verse inmerso en un limbo de incertidumbre después de pasar a disposición judicial o a merced de la opinión pública. También eran otros tiempos.
Por aquel entonces, para defenderse de ataques con arma blanca y objetos contundentes varios siempre según “estos criterios”, se antojaba cuando menos necesaria una capacitación específica previa de mayor contenido práctico y técnico. La verdad es que en aquellos tiempos lo que realmente hacía falta era una mayor cantidad de “medios”.
A día de hoy parece ser que se intenta resolver o por lo menos se observan menores carencias en cuestiones trascendentales como el “tema” de los chalecos anti balas, por ejemplo. Por otro lado se continúa pidiendo mejoras de los vehículos y dotaciones de material. También se intenta no retroceder respecto a las condiciones laborales conseguidas y cómo no: seguir insistiendo en la reivindicación de la equiparación de los sueldos con las policías autonómicas pero sigue pareciendo, al menos en lo estético, que el Estado de Derecho descuida el respaldo debido para con los servidores públicos ante las situaciones de riesgo ya que la aparente impunidad o la escasa dureza de las penas no parece tener excesivo carácter disuasorio entre la delincuencia.
A pesar de todo, observando la lealtad y el enorme sacrificio que las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía Nacional habitualmente brindan y siendo como son las instituciones mejor valoradas por nuestra Sociedad gracias a la entrega mostrada, he llegado a la conclusión de que ha sido la propia administración con sus decisiones políticas y los marcos legales que en ocasiones desprotegen a estas instituciones, quienes nunca han estado a la altura ni contemplado la “proporcionalidad”, por lo menos a la hora de compensar en este caso la “entrega y esfuerzo” de quienes tan generosamente sí lo hicieron.
