La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, subrayó ayer, durante su comparecencia en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado donde se debate el nuevo modelo de financiación autonómica, que se abstuvo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque «las condiciones impuestas por el Estado hacen imposible renunciar al nuevo sistema» a pesar de que resulta «injusto con Castilla y León» puesto que no valora correctamente el sobrecoste de los servicios. Asimismo, apoyó el veto al modelo presentado por el PP -además de por CiU y BNG-, porque, dijo, «se hace eco de las reivindicaciones de Castilla y León» acerca de la escasez de recursos adicionales.
Tras lamentar la ausencia en el debate de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, que abandonó la comisión tras su primera intervención, la consejera denunció que el modelo «no satisface» a la Comunidad porque «ha faltado debate e información» y porque se guía «por criterios exclusivamente políticos fruto de negociaciones bilaterales».
Del Olmo, que siguiendo el orden de los estatutos intervino en último lugar, lamentó que se haya perdido la oportunidad de realizar un análisis técnico del coste de los servicios. «Es un modelo injusto con Castilla y León porque no valora correctamente el sobrecoste de los servicios», apuntó la responsable de Hacienda.
Precisamente por ello, solicitó que los fondos de Dispersión y Baja Población se doten con 250 millones de euros en lugar de los 50 previstos.
Además de por que recoge esta solicitud, la consejera apoyó las enmiendas populares porque también inciden en la necesidad de resolver «el problema de las entregas a cuenta». En este punto, denunció que la falta de transparencia de estos fondos ha supuesto dejar de ingresar 800 millones en la Comunidad, al tiempo que demandó que las entregas se ajusten a las previsiones, de crecimiento o decrecimiento, de la economía.
En tercer lugar, Del Omo criticó que una disposición de la ley da por pagadas todas las deudas del Gobierno con las comunidades. En el caso de Castilla y León, esto significa que «se da por pagado el déficit de financiación de Ley de Dependencia, el gasto en Educación o Universidades o las reformas fiscales del Gobierno».
La consejera de Hacienda de Castilla y León también incidió en el «enorme grado de incertidumbre» del modelo defendido por Elena Salgado, que, sin embargo, no se podía rechazar porque, como explicó, de no firmarlo, la Comunidad se vería obligada a «reintegrar la liquidación negativa de 2008 en el año 2010, algo que no se podría asumir».
