La Comandancia de la Guardia Civil de Segovia ha dirigido la ‘Operación Crucero’ que se ha saldado con la detención quince personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a favorecer la inmigración irregular desde Marruecos a España.
A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de tráfico de seres humanos, contra los derechos de los trabajadores, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
Se han realizado siete registros domiciliarios en las provincias de Granada, Madrid, Murcia y Albacete, donde se ha intervenido numerosa documentación, pasaportes, certificados de empadronamiento preparados para su venta y dispositivos informáticos, que serán objeto de análisis pormenorizado por parte de los investigadores, según han señalado desde el Ministerio del Interior.
Las investigaciones comenzaron a principios de enero, a raíz de la llegada de varias pateras a las costas próximas a Barbate (Cádiz). Por tal motivo, los agentes realizaron un estudio de la frecuencia de estas llegadas y de otras circunstancias, que permitió identificar a uno de los individuos encargados de recoger a los inmigrantes a su llegada a la costa.
A partir de ahí, la investigación permitió determinar la estructura de la organización criminal, sus principales miembros y su ‘modus operandi’.
ESTRUCTURA DIFERENCIADA
Esta organización se estructura en dos partes. Una ubicada en Marruecos, encargada de realizar las captaciones de individuos dispuestos a realizar el viaje, cobrar el dinero requerido a estas personas –entre 1500 y 2000 euros– y además preparar las pateras con las que se realiza el desplazamiento sin ninguna medida de seguridad.
Los miembros de la organización establecían de forma sucesiva las salidas después de concentrar a un número suficiente de personas para hacer la travesía y confirmar la recepción del dinero, preparando en última instancia las pateras y los motores.
Las salidas se realizaban normalmente de noche, desde localidades marroquíes situadas en la costa atlántica, teniendo el viaje una duración aproximada de 14 horas.
Los puntos de llegada eran normalmente playas gaditanas próximas a Barbate o Bolonia. En el momento previo a la salida se les hacía entrega de tarjetas españolas de telefonía, que debían activar a su llegada para asegurar el contacto con los individuos que los recogerían.
La otra parte de la organización criminal se ubica en España y se encargaba de la recepción de los inmigrantes a su llegada a la costa. Una vez llegaban, recibían instrucciones para ocultarse en zonas boscosas próximas, hasta la llegada de miembros de la organización residentes en España para su recogida y posterior traslado a lo que
ellos consideran pisos «seguros», ubicados en localidades granadinas de Motril, La Rábita y alrededores.
Una vez en estas viviendas se les exigía un segundo pago no pactado previamente para poder abandonarlas, siendo la deuda cobrada bien a los propios inmigrantes o a sus familias que se encuentran en Marruecos.
Desde el inicio de las investigaciones se han podido acreditar hasta diez traslados de inmigrantes de manera irregular, desde enero de 2018, con empleo de embarcaciones tipo patera y neumática en las que llegaron a viajar entre 20 y 40 personas. Algunos traslados se realizaron bajo condiciones de la mar muy precarias y con nulas medidas de seguridad, según agregan las mismas fuentes, y pusieron en grave riesgo la vida de los inmigrantes, entre ellos menores de edad.
Se ha constatado que esta organización criminal ha trasladado en solo cuatro meses a más de 150 personas de manera irregular, lo cual indica que han recaudado unos 350.000 euros en ese tiempo.
