El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Segovia, Ángel Galindo, ha denunciado públicamente una nueva infracción urbanística, en este caso en el barrio de San Marcos, prescrita según su relato “por dejadez del concejal de Urbanismo”. Sería la segunda de la que se tiene conocimiento después de la casa rehabilitada en una huerta propiedad del exconcejal socialista Juan Cruz Aragoneses.
Este hecho lleva a IU a denunciar una vez más lo que considera “urbanismo a la carta” del Gobierno municipal socialista” e incluso el edil ha señalado que no descartan remitir un escrito a la Fiscalía de Segovia por si de este expediente urbanístico puede desprenderse un delito de prevaricación.
Añade que incluso si las actuaciones de los responsables municipales fueran legales Izquierda Unida considera condenable y criticable la gestión del equipo de Gobierno que este grupo municipal califica de “actitudes caciquiles”.
Para Galindo se trata de un caso más que daña la imagen del Ayuntamiento como institución, crea un precedente y un agravio comparativo respecto a otros infractores, incluso las de la ORA, y considera que el concejal de Urbanismo debería dimitir o ser cesado por la alcaldesa, Clara Luquero, cuya intervención en este expediente también considera muy discutible.
En este sentido, el concejal de izquierdas informa de que en 2011 se construyeron dos edificios en la calle José María Heredero, concluidas en las Navidades de ese año, según las facturas aportadas por el propietario en el procedimiento judicial, y es a principios de 2012 cuando algunos vecinos trasladan al entonces concejal de IU, Luis Peñalosa, la sospecha de que se trata de construcciones no sujetas a la legalidad urbanística.
En febrero de ese mismo año, Peñalosa traslada esa inquietud en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Segovia y Urbanismo realiza una inspección que determina que lo que iba a ser una leñera y un almacén para aperos se ha convertido en edificios para otros usos, compatibles por ejemplo con un merendero, no sujetos a licencia y construidos en suelo especialmente protegido.
Galindo ha comentado que es difícil creer que se trata de una leñera “porque hay ventanas y en uno de ellos hasta una chimenea”.
Inicio de los expedientes
Se inician entonces dos expedientes en el Ayuntamiento, uno sancionador y otro de restitución de la legalidad urbanística. En el primer caso se acuerda imponer una multa de 10.000 euros, que el propietario recurre, y además, acepta voluntariamente restituir la legalidad. De hecho, llega a presentar un proyecto de demolición en 2013 y Urbanismo lo acepta y comunica al responsable en mayo de ese año que empieza a contar el plazo de tres meses para que inicie las obras y de seis meses para finalizarlas.
En este sentido, el portavoz de Izquierda Unida explica que el 20 de noviembre tenían que haberse ejecutado y quedar restituida la legalidad urbanística y, sin embargo, siempre según el relato del edil, que ha tenido acceso al expediente, hasta mayo de 2014 no hay novedades y es entonces una arquitecta-técnico municipal quien emite un informe en el que refleja que las obras de demolición no han comenzado.
Para la formación de izquierdas los meses transcurridos entre la comunicación al propietario y el informe de la técnico suponen ya “una dejadez” grave del Ayuntamiento y del concejal de Urbanismo “que debería estar pendiente de estas infracciones”.
Ante esta situación, se inicia en julio de 2014 otro proceso sancionador que queda archivado sorprendentemente por un decreto de Alcaldía el 23 de septiembre, “a la vista de las alegaciones que presenta el propietario” y que no figuran en el expediente al que ha tenido acceso Galindo, según comenta.
Pero más sorprendente todavía es, a juicio del portavoz de este grupo de la oposición, que a finales de diciembre de 2016 un nuevo informe municipal refleje que esas dos edificaciones siguen siendo contrarias a la legalidad urbanística y que no se ha restituido la legalidad, por lo que desde Alcaldía se retoman los dos expedientes, el sancionador, ahora con una multa de 70.000 euros, y el de restitución de la legalidad.
El propietario recurrió ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia que a principios de 2017 falla que los expedientes han prescrito, al tomar como fecha de referencia la finalización de las edificaciones en las Navidades de 2011, en base a las facturas presentadas por el recurrente, por lo que ambos inmuebles quedan fuera de ordenación, lo que indica que no podrán ampliarse ni derribarse para nuevas construcciones.
La explicación oficial
El concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, ha confirmado la prescripción de esta infracción urbanística porque el juez no tuvo en cuenta el inicio del expediente municipal sino la fecha de finalización de las obras conforme a lo que atestiguan las facturas pagadas por el propietario.
En cualquier caso, comenta que los volúmenes sí se ajustan a la licencia, aunque no así los usos y finalmente ha sido una sentencia judicial “la que ha terminado por legalizarlo” aunque sea dejando fuera de ordenación a estas edificaciones.
Moneda de cambio
Por otro lado, el concejal de IU sospecha que este asunto puede haber sido utilizado como “moneda de cambio” por ambas partes, Ayuntamiento e infractor, ya que este último es uno de los propietarios del terreno que el consistorio adquirió en el entorno de la Veracruz en virtud de un convenio para preservar el patrimonio cultural.
Reguera, sin embargo, niega cualquier relación y asegura que se trata de “cuestiones distintas, que no han tenido que ver”.
El responsable del Gobierno municipal, que indica que heredó este expediente y que cuando se inició no estaba en marcha la Unidad de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, ha mostrado extrañeza porque Izquierda Unida haga público en este momento un expediente cerrado judicialmente hace un año.
