El Gobierno garantizó ayer el «derecho» de los usuarios de la sanidad pública en todas las regiones a no esperar más de seis meses (180 días naturales) en las intervenciones de cirugía cardíaca valvular y coronaria, cataratas y prótesis de cadera y de rodilla.
La ministra de Salud y Política Social, Trinidad Jiménez, presidió en Palma la reunión del Consejo Interritorial de Sanidad y expresó su satisfacción porque los tiempos máximos de espera serán los mismos en todo el Estado.
Esta mejora sanitaria es un «primer paso», pues la intención del Ejecutivo es recortar aún más estos plazos, así como la visita a consultas externas y las referidas a los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, pero siempre con el consenso de las comunidades autónomas, manifestó Jiménez.
El Ministerio presentó este proyecto de Real Decreto a los consejeros de las regiones, que deberán establecer las medidas pertinentes para cumplir con estos tiempos máximos, como la derivación de pacientes a hospitales privados, una medida que ya se aplica en algunos territorios.
El texto define el plazo máximo de acceso como el período de espera, expresado en días naturales, que no podrá excederse para intervenir quirúrgicamente, atender consultas externas o realizar un procedimiento diagnóstico o terapéutico a un paciente. Este plazo se contabilizará desde la fecha de entrada del usuario en el registro de lista de espera.
Para el establecimiento de los tiempos máximos de espera en la realización de determinadas intervenciones quirúrgicas se ha establecido como criterios la gravedad de las patologías motivo de la atención; si la operación es eficaz para incrementar la supervivencia del paciente; y si la realización temprana evita la progresión de la enfermedad o las secuelas de la misma.
La ministra detalló que el proyecto de Real Decreto especifica que, por sus características particulares, quedan excluidas una serie de intervenciones como los trasplantes de órganos y tejidos, cuya realización dependerá de la disponibilidad de vísceras. Tampoco se acogen aquellas operaciones que puedan requerir una espera para reunir las condiciones adecuadas para su realización, como es el caso de las relacionadas con las técnicas de reproducción humana asistida.
Por otro lado, el Consejo Interterritorial aprobó la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva con el fin de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de los ciudadanos reconocidos por organismos internacionales como Naciones Unidas. Se trata de abordar su desarrollo, comentó Jiménez, no solo desde la ausencia de la enfermedad, sino también para vivir una sexualidad plena y satisfactoria.
El documento recomienda mejorar la información en esa materia y fijar herramientas que permitan conocer las necesidades de la población.
Por lo que respecta a la atención sanitaria, la Estrategia recomienda no solo centrarse en los aspectos biológicos, sino también psicológicos y sociales. Entre sus fines también se incluye mejorar el acceso a métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual.
Financiación.- Trasplantes. El Ministerio presentó ayer una orden que introduce novedades sobre la financiación de los trasplantes cuando se hacen con donantes vivos (de órganos sólidos como el riñón o el hígado o de médula ósea). Así, la intervención incluirá la atención y los costes relacionados con el proceso de la donación.
