La reforma de la Política Agrícola Común va a suponer para el sector agrario español el cobro hasta 2020, como pagos directos, tanto desacoplados como ligados de la producción, de más de 37.500 millones de euros, a los que se suman otros más de 8.050 millones de euros para las políticas de desarrollo rural. En ambos casos, se trata de unas cifras positivas que, honestamente, no se esperaban antes del inicio de las negociaciones y que significan mantener las ayudas percibidas en el período anterior, aunque las mismas no incluyan el deterioro que puede suponer el efecto de la inflación en cinco años y que podría elevarse a un 12%.
La distribución de los pagos directos procedentes de la Unión Europea no ha sido, ni tampoco será uniforme con la actual reforma para el conjunto de las producciones o los cultivos. Hubo y habrá sectores con elevadas cifras de ayuda, otros con apoyos más reducidos y, finalmente, otros que seguirán sin percibir un euro, desde las cabañas ganaderas intensivas como porcino o la avicultura, a la mayor parte de los viñedos o las frutas hortalizas. Sin embargo, como porcentaje medio, la realidad es que las ayudas comunitarias suponen aproximadamente entre un 25% y un 28% de la renta neta del sector, y que ello significa un importante colchón de seguridad para agricultores y ganaderos a la hora de afrontar su futuro.
Asegurada esa importante parte de las rentas agrarias desde Bruselas, resuelto ese interrogante, para la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, el campo tiene ahora la obligación y la necesidad de ponerse las pilas para mejorar sus estructuras y poder operar con garantías de competitividad en los mercados para defender sus intereses.
«El sector agrario va a contar con todos los apoyos de la Administración central para afrontar esos nuevos retos, pero es indispensable que agricultores y ganaderos, sean ellos mismos más protagonistas de su futuro. Garantizados ya esos niveles de ayuda hasta 2020, es indispensable pensar en otra dirección, reducir la dependencia de las ayudas de la PAC a través de los instrumentos que se contemplan en la propia normativa con la Organización Común de Mercado única».
Para la número dos del Ministerio que dirige Miguel Arias Cañete, de cara a ese nuevo escenario y con las herramientas que contempla la propias Política Agrícola Común, el sector debe trabajar en la mejora de las actuales deficiencias en materia de estructuras y de organización que tiene la actividad agraria. «En ese objetivo, apunta, se tiene la posibilidad de avanzar en el funcionamiento de organizaciones profesionales para operar en determinados mercados, así como en el desarrollo de las organizaciones interprofesionales, junto a la utilización de fondos de desarrollo rural», remarca.
Para el campo, con una producción final media en los últimos años de entre 42.000 y 43.000 millones de euros y unos costes de producción disparados hasta superar los 21.000 millones, de cara a la defensa de sus rentas y, al margen de esas subvenciones garantizadas, es fundamental una buena política de compras de medios de producción y una adecuada organización para operar en los mercados con sus productos.
En esa dirección, Agricultura aprobó la ley para la integración cooperativa y ahora se trabaja en las normas para la constitución de cooperativas prioritarias con mayor capacidad para operar en los mercados. En apoyo al sector agrario y alimentario ya está en vigor la nueva norma que regular la Cadena Alimentaria, cuyo principal objetivo es acabar con el poder dominante de la gran distribución que, con su política de imposición de preciso está poniendo en peligro la viabilidad de los sectores agrario y alimentario.
Además de estas dos columnas que son básicas para el impulso del sector, García Tejerina apuesta por el desarrollo de unas mayores economías de escala y la formación de grupos de mayor dimensión, sin que ello suponga renunciar a grupos de tamaño más reducido con una oferta de calidad diferenciada.
La secretaria general también es una firme convencida de que, en un nuevo escenario, el sector agrario deberá pasar por una mayor profesionalización de los trabajadores, más formación, más información y utilizar al máximo todas las posibilidades que pueden generar los programas de innovación previstos con los fondos provenientes de Bruselas.
«A partir de esas rentas garantizadas por las ayudas comunitarias, hay que jugar en los mercados desde una posición competitiva. Y, para ello, en primer lugar, debe producir con la mayor eficiencia posible, no solo desde una buena organización, sino también a partir de disponer de la mejor información y asesoramiento sobre el desarrollo de su actividad sobre el uso de las nuevas tecnologías para divulgar el conocimiento, las técnicas de laboreo, uso de semillas, fertilización o compra de maquinaria. En muchos casos, el agricultor, por falta de información o por una mala información, no emplea la semilla más adecuada, no labra como debiera, abona sin conocer exactamente las necesidades de cada suelo y adquiere maquinaria no adecuada a sus necesidades. Todo eso va contar su rentabilidad y se puede mejorar sin coste alguno, solo con una buena información pegada al campo», afirma García Tejerina.
Para el desarrollo de estas políticas de eficiencia en la producción, ahorro de costes, desde la Administración se está ultimando la puesta en marcha el Plan PIMA Tierra con subvenciones para la renovación del parque de tractores con más de 15 años, se plantea un acuerdo entre la estación de Mecánica del Ministerio con los fabricantes de maquinaria y es intención de la Secretaria general desarrollar políticas similares en materia de sistemas de fertilización, uso de las semillas en función de la zona, el momento y la demanda o de los productos fitosanitarios. Objetivo de todo ello es lograr las mayores y mejores producciones enfocadas a los mercados con los menores costes de producción posibles.
Como un paso más allá, Isabel García Tejerina plantea una mayor apuesta por las producciones de calidad diferenciada, por la agricultura ecológica y por el fortalecimiento de la industria alimentaria para el mercado interior y para la exportación como salida para las producciones.
Al margen de las actuaciones ligadas directamente a la actividad agraria, también está en marcha el plan de diversificación económica en el medio rural por el que se pretende lograr una mayor oferta de oportunidades de empleo en espacios que actualmente están en proceso de abandono y que contribuiría a mantener vivo y más atractivo el mundo rural.
