El sector agrario español recibe anualmente de la Política Agrícola Común en ayudas directas más de 5.000 millones de pesetas que suponen el 29% de la renta y otros más de 1.000 para desarrollo rural. Es la parte positiva, la más visible para el agricultor y para quienes, desde fuera, critican ese sistema de apoyos al campo. Pero, a la vez, esa misma PAC es la que abre fronteras sin medida para las importaciones a bajos precios y sin las exigencias en materia de calidad y seguridad que se aplican a los productores comunitarios; la que elimina los mecanismos de compras en intervención u otras medidas para la regulación de los mercados y, a la postre, de los precios-rentas.
En todo caso, para bien o para mal, la PAC sería hoy la política agraria con mayúsculas. Pero, además de la misma, existe otra que se puede desarrollar y que se impulsa en cada Estado en función de los intereses o las demandas de cada momento, cuyas actuaciones, al margen de los grandes programas que ponen sobre la mesa los partidos políticos a la hora de las elecciones, se concretan en solamente unos pocos ejes sobre los que girarían los objetivos de una política de rentas.
Hace unas pocas décadas, en España se fundamentaba en el desarrollo de una política de compras en intervención a unos precios garantizados, donde los buques insignias más significativos que se han quedado varados en los pueblos como emblemas de un pasado, era la red de silos donde, a unos costes mínimos, el agricultor entregaba sus cosechas, otras producciones en almacenes dispuestos para ello y cobraba religiosamente el importe de las mismas. No había impagados. Era un sistema que mantenía vivos a los pequeños del minifundio y que hacía más ricos a quienes ya lo eran.
Un segundo pilar antes del ingreso de España en la actual Unión Europea eran las negociaciones de cada año para el establecimiento de los precios donde los mismos contemplaban la evolución del Índice de los Precios al Consumo y, fundamentalmente, la evolución de los costes de producción.
En el pasado también se intentó que dos puntos vitales fueran dos organizaciones públicas que iban a ser las responsables de ordenar la producción desde el campo al consumidor. Se quedaron en un intento en tiempos de los socialistas. La primera, para la organización en origen, Merco, que se encargó de dinamitar un iluminado, Vidal Díaz Tascón, mientras Jesús Prieto sentaba las bases de Mercasa. Este segundo pilar ha funcionado, pero los resultados del conjunto del proyecto no han pasado de intentos para dar respuesta a los problemas de la organización de la oferta desde el origen al destino.
Junto a este conjunto de ejes en el desarrollo de la política agraria en el pasado, hay uno que se ha mantenido a lo largo de las últimas décadas. Ha sido y es, aunque cada día menos, el seguro agrario que en este momento el sector quiere darle una vuelta para que realmente aporte seguridad a quien lo suscriba y que se hagan pólizas con carácter general, porque es atractivo en precios y en coberturas, y no solamente cuando se espera un riesgo.
Hoy, además de un nuevo seguro apoyo que sea como una red de seguridad para las actividades del campo, los ejes de la política agraria se podrían concretar en tres, dando respuesta a viejas y nuevas situaciones a las que deben hacer frente los trabajadores.
Un primer punto se concreta en el desarrollo de una política de integración cooperativa y, en general, de asociarse en el campo, tanto para comprar como para vender. Un viejo problema al que se tratan de dar soluciones, pero que no acaban de llegar de forma convincente. La integración cooperativa es un proceso que se puede diseñar desde las estructuras de la política a través del Boletín Oficial del Estado con incentivos de ayudas económicas e incluso fiscales, cosa que no sucede con la normativa actualmente a debate en el Parlamento. Pero, a la postre, la decisión de unir fuerzas entre las cooperativas de primer graso es una decisión de sus propios responsables y de sus bases de socios donde en muchos casos se imponen intereses de protagonismos personales sobre la necesidad de ser más fuertes vía su integración en otros grupos.
Un segundo eje estaría en la regulación de la cadena alimentaria. A diferencia del pasado, en la actualidad los precios y los mercados de una buena parte de las producciones agrarias y de la industria dependen de las estrategias comerciales de la gran distribución con poder para fijar precios en función de sus intereses. El Ministerio ha asumido el reto de poner orden en esa cadena para que cada una de las partes que participan en la misma tenga su beneficio y no como sucede hoy donde los grandes grupos te imponen los precios de la leche, del aceite, para la carnes de conejo o de los pollos. Al margen de lo que se haga con la entrada en vigor de la ley, hasta la fecha, el acuerdo suscrito entre el sector industrial y la distribución, en el caso de la leche, está dando algunos resultados positivos elevando ligeramente los precios.
Finalmente, un tercer punto que podría y debería suponer un buen manojo de rentas para el sector agrario sería el desarrollo a pie de campo, de nuevas estructuras de asesoramiento e información, de vigías para detectar cualquier problema fito o zoosanitario en las producciones agrícolas o ganaderas, y poder adoptar soluciones de inmediato con el consiguiente resultado positivo para todo el sector. Hay actuaciones que no suponen gastos para las arcas públicas y que, sin embargo, pueden aportar grandes mejoras en los ingresos y las rentas del sector.
