Liquidada la reforma de la Política Pesquera Común, la presidencia irlandesa se enfrenta en estas últimas semanas de junio al cumplimiento de su otro compromiso importante que era la aprobación de la reforma de la Política Agrícola Común poniendo fin a unos trabajos que se han prolongado en los últimos dos años. El cierre de los debates se halla en el marco de las negociaciones a tres bandas entre Consejo, Parlamento y la Comisión. Se puede decir que existe acuerdo en lo fundamental, como es el cambio de un modelo actual de pagos por derechos históricos a otros por superficie A efectos, tanto de la Bruselas, como de la Administración española, los principales flecos abiertos son los referidos a los procesos de acercamiento de ayudas o lo que se conoce como el proceso de convergencia para evitar las actuales grandes diferencias de pagos entre países y entre sectores de un mismo Estado y a la vez evitar elevados trasvases de pagos entre territorios, explotaciones o perceptores.
En relación con la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), a falta de su aprobación definitiva, se pueden destacar principalmente dos cuestiones. La primera, que en contra de los peores augurios, en un momento como el actual de la situación económica general, no fue la peor noticia el hecho de que la UE haya mantenido para España el actual sobre para pagos directos en unos 5.100 millones. Es obvio que con esa asignación, el sector va a perder poder adquisitivo al no revalorizarse los pagos en función de los niveles previstos de la inflación, puede ser en todo el periodo un 12%. Pero la realidad es que en los pagos comunitarios, Bruselas los ha mantenido durante años a piñón fijo, por lo que en este punto no cabían sorpresas más positivas. Un segundo aspecto a destacar es la gran flexibilidad que se dará a los países miembros para la aplicación o el destino de esos fondos del sobre que llegue a cada uno. Frente a las demandas de algunas regiones de que ese reparto se hiciera por cada una de ellas, el Constitucional ha zanjado el debate para señalar que la PAC es una política nacional.
En relación con la propuesta inicial de la Comisión y los resultados de las negociaciones desarrolladas en los últimos años, se puede señalar que la misma se ha modificado sensiblemente, sobre todo desde la perspectiva de la flexibilidad. En esta línea, se ha logrado una redacción más abierta en lo que afecta a la política verde o las exigencias que debe cumplir una explotación para acceder al 30% de la subvención. A falta de los datos finales, la misma no afectará las explotaciones con menos de 10 hectáreas y que las exigencias de diversificación de cultivos se queden en dos, de tres solamente a partir de las 30 hectáreas y que los cultivos leñosos extensivos entren directamente en el sistema de beneficiarios.
En relación con los agricultores activos como prioritarios a la hora de acceder a las ayudas, lo más claro son las exclusiones. No percibirán nada quienes el importe de los pagos PAC no lleguen al 5% de sus ingresos totales por actividades no agrícolas y, obviamente, se excluyen las grandes superficies que sean propiedad empresas ajenas al sector como ayuntamientos o campos de golf. En España se vigilará especialmente que las superficies de prados tengan carga ganadera real o que si una persona cobra ayudas, en su declaración de la renta figuren ingresos por actividades del sector. También es un paso positivo la posibilidad de transferencias de fondos entre los dos pilares, la reducción de las exigencias de ahorro de agua en la política de regadíos para acceder a las ayudas, las medidas para apoyar a los jóvenes o la fijación de un techo de 26 millones de hectáreas como destinatarias del dinero.
Es un interrogante todavía el resultado de las políticas para la regulación de los mercados y, sobre todo el futuro de las cuotas más allá de 2015 para la leche, remolacha y la política para los derechos en las plantaciones de viñedo.
Para la Administración, a escasas fechas para el cierre de las negociaciones, uno de los principales motivos de preocupación es el resultado final sobre la política de convergencia interna en los pagos por hectárea. A nivel de Estados se plantea que la rentas un 90% por debajo de la media comunitaria de 229 euros, se equiparen en una tercera parte hasta esa cifra en el periodo de 2015 a 2019. A nivel de convergencia interior en un mismo país, el Ministerio trata de cerrar en estas fechas una negociación con el apoyo de otros vecinos como Francia, Italia y Portugal para que ese proceso de convergencia ayudas se produzca en un periodo más amplio, más allá de 2019 y, sobre todo, para que los niveles de acercamiento de las ayudas sean más bajos de los planteados por Bruselas.
La convergencia de ayudas por hectárea se puede hacer para todo un país. Ese mecanismo podría ser factible en países como Holanda donde hay un sector agrario muy parecido. Pero, en España, donde hay tantos y tan diferentes tipos de agricultura y ayudas tan dispares que van desde los 3.000 euros en el tabaco a los 100 euros en una superficie de cereal de bajo rendimiento. Ante esta situación, Agricultura plantea dividir el país en varias docenas de comarcas donde una podría ser el cereal de secano, otra el de regadío, olivar en secano extensivo, olivar en regadío, etc. Solamente habría un proceso de convergencia de fondos en esas zonas y nunca entre unas tierras de regadío de altos rendimientos y otras de bajos rendimientos de secano. En esas regiones que aún están por definir, España quiere que esa convergencia suponga que, al finalizar el proceso, la ayuda más baja sea entre el 50% y el 60% de la media y no el 75% que pretende en la actualidad Bruselas.
