El secretario de Ciudad y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, criticó ayer con dureza el proyecto de reforma local impulsado por el Gobierno, y aseguró que acabar con los ayuntamientos «no es un tema de pelea política», pues supone eliminar servicios que se prestan a los habitantes, especialmente a los del medio rural, que con la supresión de entes locales se convertirían en «ciudadanos de segunda».
En un encuentro organizado este viernes por su partido en Segovia para abordar junto con representantes socialistas en la provincia los efectos de la reforma local en los servicios sociales municipales, Zarrías indicó que este nuevo marco legal significaría poner fin a algo «tan fundamental» como son los ayuntamientos, por lo que instó al Gobierno central una vez más a que retire el Anteproyecto para la Racionalización y la Sostenibilidad de la Administración Local para evitar así hacer un daño «irreversible» a España.
Para ello, se dirigió directamente al presidente Mariano Rajoy, al que conminó a que «haga ese favor al país y no meta la pata», mientras alabó a alcaldes y ediles a los que definió como un «batallón» al servicio de sus pueblos, porque los ayuntamientos son ese «clavo al que, aun ardiendo, se acogen los ciudadanos cuando las cosas van mal».
En su comparecencia ante los medios de comunicación, Zarrías aseguró que con la reforma las entidades locales perderían su capacidad para desarrollar servicios sociales y se terminaría con prestaciones que benefician a más de 500.000 personas, así como con 50.000 puestos de trabajo vinculados a este sector.
Por ello, insistió en señalar que el PSOE hará todo lo posible para que el texto no llegue al Congreso y precisó que su partido trabaja ya en un recurso de inconstitucionalidad que se elevará al Tribunal Constitucional si la ley se mantiene en los términos fijados.
Por su parte, el secretario general del PSOE en Segovia, Juan Luis Gordo, expresó la preocupación de los socialistas por los efectos de la reforma en la provincia, donde según ha dicho podrían desaparecer 205 de los 208 municipios y con ellos sus señas de identidad y su personalidad.
«Pedimos que se retire la ley, que no aporta nada. El PP dijo que contribuirá a la austeridad, pero yo acabo de formular una pregunta al Gobierno sobre el número de ediles que cobraban y ayer me respondió diciendo que no tenía esa información. ¿A qué están jugando? Es una frivolidad, el PP sólo intenta aprovechar el modelo neoliberal para implantar su modelo, suplantando la identidad de 200 municipios»., dijo Gordo.
El también diputado nacional ha advertido de la postura «partidista» de los ‘populares’ en este proceso que potencia el poder de las diputaciones, ya que en Castilla y León siete de las nueve instituciones provinciales están lideradas por presidentes del PP. «Es un enfoque más partidista que pensado para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos», ha apostillado.
El alcalde Pedro Arahuetes, para quien esta ley es «todo menos racional y sostenible», se sumó también a la petición de retirada de la ley, y reclamó que el texto se debata a través de criterios de diálogo entre los partidos y los colectivos municipalistas dada la importancia que tiene para un territorio con más de 8.000 ayuntamientos. «Tiene la importancia suficiente como para nacer con consenso y que se desarrolle con espíritu de diálogo», aseguró.
