El Gobierno de Mariano Rajoy calcula un ahorro de 37.700 millones de euros con las medidas de racionalización de las Administraciones públicas, la reforma de la Administración local y las propuestas estructurales sobre el empleo público, entre 2012 y hasta 2015, cuando se prevé la completa implantación. Y todo en base a tres objetivos: racionalidad, eficacia y eficiencia.
Así lo anunció ayer la vicepresidenta del Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que presentó las medidas que contienen el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), algunas de las cuales ya adelantó el pasado miércoles el jefe del Ejecutivo. Si se aplicasen las 217 sugerencias recogidas en ese documento, las arcas del Estado engordarían unos 6.500 millones.
Además, la vallisoletana avanzó que su Gabinete ha creado una Oficina de seguimiento de este proyecto, puesto que su aplicación se plantea a largo plazo.
El punto clave de esta ambiciosa iniciativa son los 37.000 millones como cifra «global» del ahorro, incluyendo desde el 2012 al 2015, y todo el «adelgazamiento» de las Administraciones públicas, esto es, las medidas de la CORA, la reforma local -que permitirá evitar un gasto de 8.000 millones- y las estructurales sobre empleo público, unos 19.000 millones.
Sáenz de Santamaría explicó también que el Gobierno ha calculado lo que se evitarán gastar la Administración y el ciudadano. Hasta su completa implantación en 2015, se estima que 6.500 y 16.300 millones, respectivamente.
Sin embargo, muchas de esas medidas dependen de la voluntad de las comunidades autónomas, a las que se les ofrece «una guía» de recomendaciones y sugerencias para ahorrar y mejorar su situación financiera en el cumplimiento de los objetivos de déficit. De hecho, el informe incluye en concreto 120 sugerencias sobre duplicidades: defensores del pueblo autonómicos -los trámites de una queja cuestan 800 euros, el doble que al nacional-, tribunales de cuentas o agencias de protección de datos… También se busca acabar con más de medio centenar de trámites burocráticos.
Había un punto que causaba gran inquietud y era el de un posible tijeretazo en el número de funcionarios. En este sentido, la dirigente conservadora, que aseguró que ya está hecha «la parte dura del ajuste» del empleo público, sostuvo que no reducirá más el número de trabajadores, aunque se prevea la supresión de instituciones y organismos públicos, como el Consejo de la Juventud, que se integra en Sanidad, y el Instituto Nacional del Consumo, en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Se producirá así una recolocación.
Pero no se quedan ahí los cambios. Se reforzará la preparación. Se quiere crear «un gran centro de formación» que puedan compartir, además, todas las administraciones y que sirva a los funcionarios para mejorar y «cambiar de destino, tener movilidad, una carrera profesional». «Ahora el ajuste es horizontal, movámonos, hay sitios donde se necesita gente que puede salir de otros sitios donde no se necesitan», agregó.
En parecidos términos se expresó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que señaló que esta nueva reforma está dotada de «autenticidad» y pretende hacer más eficaces a las Administraciones a fin de que sean «trampolines» para salir de la crisis económica.
Desde la oposición, el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, dijo esperar que estas medidas no sean un «ejercicio de propaganda engañoso» destinado a disimular errores en la política económica, mientras que los sindicatos CCOO y UGT criticaron que el Gobierno central quiera «recortar» y «centralizar» los servicios.
Por el contrario, la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA) aplaudió la reforma considerando que contribuirá a reducir las trabas administrativas, los costes y la morosidad.
Por otra parte, el dirigente andaluz adelantó que el Ejecutivo central estudiará la posibilidad de introducir en la próxima reforma fiscal, prevista para marzo de 2014, incentivos para que aflore la economía sumergida, tal y como propuso ayer el presidente de la CEOE, Joan Rosell: «Es una opción que existe en algunos países desarrollados. La lucha contra el fraude hay que desarrollarla en todos los ámbitos». Si se lleva a cabo esa política, los ingresos del Estado español podrían llegar a incrementarse entre tres y cuatro puntos del PIB.
