De acuerdo con el calendario previsto por la presidencia irlandesa, para el próximo mes de junio deberá estar aprobada en Consejo de Ministros la reforma de la Política Agrícola Común y que la misma tuviera luz verde del Parlamento antes de las vacaciones de verano. No se conoce el contendido de ese texto definitivo, a la espera de los resultados finales de las negociaciones entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, sin embargo, por el momento, uno de los puntos cerrados, aunque siempre con posibles cambios a la baja en función de lo que se llama la disciplina financiera, es la asignación de fondos a cada país donde, en el caso de España, la cifra es de 5.100 millones de euros anuales para las ayudas directas.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha dejado muy claro en todas sus intervenciones en los últimos meses que uno de los objetivos prioritarios de su departamento a la hora de aplicar la reforma es que no se produzcan trasvases de fondos entre territorios, sectores o cultivos y explotaciones. En consecuencia, que quienes hoy cobran las mayores ayudas, las vayan a seguir recibiendo, mientras desde las Administraciones se buscan fórmulas para lograr arañar más recursos, por ejemplo, eliminando pagos a quienes cobran unas cantidades insignificantes por debajo de los 300 euros con el objeto de destinar los mismos a sectores o producciones con problemas para apoyar su futuro o que hoy tienen un tratamiento discriminatorio.
De acuerdo con ese planteamiento, aunque el ministro es un firme defensor de que la gestión de los recursos se haga con carácter estatal, la realidad será que las comunidades autónomas van a seguir manteniendo los mismos niveles de pagos que tienen en la actualidad. Y, los datos elaborados por el Fondo Español de Garantía Agraria sobre dónde van las ayudas directas de la PAC son muy clarificadores.
En 2011, el total de las subvenciones directas pagadas por ese organismo ascendieron a 5.030 millones de euros, percibidos por 895.267 perceptores, en un 95% personas físicas y en un 50% personas jurídicas, donde están integradas las cooperativas, sociedades agrarias de transformación, comunidades de bienes, etc.
¿Dónde van a parar hoy esas ayudas? Por comunidades autónomas, a la cabeza está situada Andalucía con 1.520 millones de euros y 259.000 perceptores, seguida de Castilla y León con 894 y 87.000 beneficiarios y de Castilla-La Mancha con 612 millones de euros y 126.000 perceptores. Esta distribución regional de los fondos guarda una relación directa con las ayudas que se asignaron en el pasado a cada una de las producciones en función de los rendimientos históricos. Y, en ese reparto también destacan las cifras elevadas que se fijaron para el olivar y el algodón, así como para el conjunto de las superficies de herbáceos en regadíos. En Castilla-La Mancha, a los pagos de herbáceos, olivar o cabañas ganaderas, se suman los realizados por el vino. Por su parte, en Castilla y León, junto a las explotaciones ganaderas de ovino o vacuno, el peso más importante corresponde a los desembolsos por las superficies de herbáceos.
En una distribución por provincias se repite el mismo escenario en función de la ubicación de esas producciones. Nuevamente se hallan a la cabeza Sevilla con 417 millones, seguida de Jaén y Córdoba, en base a las mismas producciones, mientras no están en ese grupo otras con una producción de gran valor, pero sin ayudas, como son los invernaderos de Almería o Huelva. Entre las 10 primeras demarcaciones perceptoras de fondos se hallan Toledo con 169 millones y Ciudad Real con 160 en Castilla-La Mancha, mientras en Castilla y León el primer lugar lo ocupa Salamanca con 146 millones seguida de Burgos con 127 millones.
Si nos detenemos en la distribución de los pagos por comarcas, a la cabeza se hallan las ubicadas en las provincias andaluzas con dominio de olivar y los regadíos de herbáceos, puestos de cabeza entre los que se encuentra Madrid debido a la existencia de miles de perceptores que residen en la capital, pero con explotaciones en otras zonas donde destacan las provincias del entorno. En La Mancha hay dos comarcas que se colocan entre las 12 primeras de España. Se trata de Ciudad Real con 69 millones de euros y Toledo con 61, en ambos casos con el vino como gran protagonista.
A nivel municipal, en el caso de poblaciones con menos de 10.000 habitantes, a la cabeza se halla el pueblo de Talayuela en Cáceres por la elevada prima que supone o que supuso la fabricación de tabaco, donde llegan nada menos que 11,5 millones de euros. Entre los 10 primeros municipios siguen mandando los que están ubicados en las provincias andaluzas olivareras, algodoneras o de cereales en regadío, con la excepción del pueblo de Tauste en Zaragoza, con 11,3 millones, debido a su enorme peso en el vacuno, al igual que Menasalbas en Toledo, con 7,3 millones. Entre las 10 localidades con más de 100.000 habitantes que reciben las mayores subvenciones se hallan las ubicados en las provincias andaluzas y Toledo.
Aunque parte importante de los pagos el 15% de los más de 5.000 millones recalan en perceptores residentes en ciudades de más de 100.000 habitantes, la realidad es que el grueso de los pagos se va a municipios del mundo rural o semirrural. De los 8.112 municipios que hay en el país, las ayudas llegan a 7.989. De esa cifra, 7.262 tienen menos de 10.000 personas y 66 entre 10.000 y 100.000 habitantes. Estas más de 7.900 localidades reciben el 85% de los pagos donde destacan los 2.211 pueblos de Castilla y León seguidos de los 865 municipios en Castilla-La Mancha como perceptores de ayudas.
Al margen de las ayudas que van destinadas a un reducido colectivo de grandes terratenientes, se puede decir que el grueso de los pagos se queda en manos de agricultores profesionales que viven en el medio rural o semiurbano, aunque la calificación de esos espacios es muy diferente de unas comunidades a otras. El dinero que proporciona la PAC suponen casi el 29% de la renta agraria, por lo que su mantenimiento total en los mismos términos que en la actualidad, supone un paso muy importante para el sector.
