La Junta suma fuerzas en su última desavenencia con el Gobierno: el copago de fármacos hospitalarios. Todos los partidos políticos se unieron en las Cortes a un nuevo posicionamiento de Comunidad contra la medida del Ministerio de Sanidad que pretende cobrar desde el 1 de octubre la dispensación de 42 medicamentos que se dispensan en hospitales para casos de cáncer y enfermedades crónicas.
La propuesta que salió adelante fue la más tibia de las dos que se presentaban, la del Grupo Parlamentario Popular, que se limita a mostrar el apoyo a las declaraciones del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, contra la medida del Ministerio de Sanidad y a instar al Gobierno a que la deje sin efecto. Sin embargo, no salió adelante la proposición de los socialistas, más revindicativa, al incluir la presentación de recursos contra la normativa estatal y en el caso de que no prosperen arbitrar soluciones para que los pacientes de Castilla y León no tengan que pagarlo o se les pueda devolver.
Ambas iniciativas se debatieron por separado, al no ser capaces los grupos de pactar una conjunta que colmase las aspiraciones de ambos, pues la iniciativa popular era insuficiente para los socialistas y, viceversa, el PP considera que el PSOE se pasaba en sus aspiraciones, complicadas de cumplir en el aspecto de la no aplicación.
Los pacientes
«Las declaraciones del presidente Herrera contra la medida han generado expectitivas en los enfermos de que no se aplicaría. Y les tenemos que dar una respuesta. La esencia de la cuestión es si aquí los pacientes pueden estar tranquilos porque no se aplicará en Castilla y León», sostuvo la procuradora socialista Mercedes Martín durante su discurso muy humano y centrado en los enfermos.
Pero esa respuesta no llegó. El procurador popular José Manuel Fernández Santiago se limitó a recordar las palabras en contra de Herrera formuladas a los pocos días de la publicación de la medida y el requerimiento formal presentado por la Junta ante el Ministerio contra la norma. «Debemos esperar a ver los resultados del requerimiento formal. No podemos actuar más allá de lo que se ha hecho», insistió.
Todo su razonamiento se centró en repetir los argumentos del requerimiento de la Junta y una larga loa final a la actuación de Juan Vicente Herrera como presidente, «que es quien se merece los aplausos», llegó a decir. Olvidó, no obstante, dar justificaciones de por qué la Comunidad no podía no aplicar ese copago, recordando por ejemplo que el Constitucional anuló la insumisión del País Vasco en el copago general.
«Si quiere hablo con el portavoz de mi grupo y cuando entre el presidente nos levantamos y le aplaudimos, pero lo imporante no es eso, sino dar una respuesta a los enfermos», insistió sin éxito Mercedes Martín.
El Grupo Mixto respaldó las dos iniciativas. El encargado de fijar posición fue el portavoz de Izquierda Unida, José María González, quien consideró más amplia la del Grupo Socialista, y consideró que con las medidas de copago del Ministerio de Sanidad se avanza hacia el «camino de la salud como un negocio». A los enfermos, manifestó, ante esa dirección que ve en la salinidad pública, les queda acudir a la privada, si tienen ahorros, o «dejarse morir». El procurador se mostró dolido por tener que hablar de esa manera sobre el derecho a la salud.
