La Junta defiende que si hay una relajación del objetivo de déficit de España por parte de la Comisión Europea, esta flexibilidad se traslade a todas las autonomías e, incluso, el presidente Herrera deslizó una cifra: el 35%. El jefe del Ejecutivo razonó en las Cortes que si el peso de las comunidades en el gasto público es esa cantidad, lo justo es que sea esa misma cantidad en la que se reparta la cifra que finalmente conceda Europa.
La primera que tendrá ocasión de plantearle este razonamiento al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, será la consejera Pilar del Olmo que hoy acude al Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la que el Gobierno lleva en el orden del día la creación de un grupo de trabajo para estudiar cómo se aplica el principio de estabilidad presupuestaria a las comunidades. En el trasfondo de la propuesta está la posibilidad, deslizada desde ámbitos del Ministerio, de establecer objetivos de déficit distintos en cada región y más aún el planteamiento que se hace desde Cataluña de que se les dé mayor flexibilidad para cumplir los objetivos -y, por lo tanto, para hacer los ajustes que requieren- a aquella comunidad, que presenta una de las peores cuentas de España. Esa mayor relajación en una de las partes implicaría que en las otras hubiera menos ‘tarta’ en el reparto.
La Junta viene a decir que haya pastel para todos e, incluso, la consejera de Hacienda llegó a decir que si hubiera una relajación debería ‘premiarse’ a las que han cumplido: «Objetivamente las menos endeudadas tienen más margen de actuación», afirmó, por lo que consideró que también deberían contar con más margen de déficit en una posible flexibilización del objetivo.
Sin embargo, y pese a que Herrera había dado la cifra del 35% minutos antes, no quiso entrar en concretar cuál es el porcentaje de relajación que le gustaría ya que, dijo, para ello está prevista la creación del grupo de trabajo en el seno del CPFF. No obstante, fuentes del Ministerio han señalado que hoy no se adoptará posición alguna sobre esta flexibilización ya que no puede haber una planificación del déficit en España hasta conocer la decisión europea.
Para reforzar su posición, Del Olmo recordó, en declaraciones en las Cortes, que la Junta estimó como «exigente» el 0,7% de déficit autorizado a las autonomías en 2013 y ello motivo que se abstuviera en el CPFF. La consejera se centró en pedir una reflexión a la UE sobre la política de austeridad que impone y observó que el ajuste de gasto provoca más paro.
Además, según dijeron fuentes de la Consejería de Hacienda, Pilar del Olmo, aprovechará su intervención hoy para dejar clara también la postura de la Junta respecto a la reforma de la administración local. La consejera sostendrá que las nuevas competencias que puedan asumir las autonomías como consecuencia de los cambios introducidos en la ley deberán acompañarse de la financiación suficiente, tal y como ha ocurrido en todos los procesos de transferencia. De este modo, Castilla y León verbaliza ante Montoro uno de los ejes del documento de alegaciones que ha presentado la Junta al anteproyecto de ley diseñado por el Ministerio y que ha encontrado serias reticencias.
El Consejo analizará también la marcha de los planes para la racionalización del sector público empresarial, en el que el grado de cumplimiento de las comunidades es escaso. En este sentido, los planes del Gobierno autonómico pasan por la eliminación de doce empresas y fundaciones, un proceso que ya se ha puesto en marcha. Asimismo, se analizará el grado de cumplimiento del déficit de 2011 y las necesidades de financiación del ejercicio pasado.
Los consejeros estudiarán también con el Ministerio el grado de seguimiento de los planes económicos-financieros de las distintas comunidades y se informará sobre los mecanismos extraordinarios de pago a proveedores y apoyo a la liquidez de las comunidades para este año.
El Gobierno también da un nuevo paso para la revisión del sistema de financiación autonómica. Así, creará un grupo de trabajo para analizar la aplicación del actual sistema, con el fin de evaluarlo. Otro grupo también se encargará de elaborar un programa de racionalización administrativa con el fin de eliminar trabas burocráticas, simplificar normativa y procedimientos y evitar duplicidades.
