La secretaria nacional de Política Educativa del Partido Popular, Sandra Moneo, aseguró ayer que será un grupo de trabajo el que determine el coste necesario para la implantación de la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) y señaló que “es muy prematuro aventurar la cuantía económica” que conllevará en Castilla y León. Aunque aún no se puede hablar de cifras finales, que dependerán del calendario para el desarrollo completo de la ley, desde el Partido Popular, señalaron que se tendrá en cuenta el gran porcentaje de medio rural existente en la Comunidad.
Moneo confirmó en Segovia, durante una reunión de la comisión de Educación y Cultura y en un acto sectorial con colectivos relacionados con la enseñanza, que ya han comenzado los contactos con los grupos parlamentarios para “alcanzar el mayor de los acuerdos” sobre la nueva ley educativa porque remarcó que esta materia es “imprescindible” para el desarrollo y para luchar contra el desempleo, por lo que “debe quedar fuera de la confrontación política”.
La también portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Educación y Deportes del Congreso de los Diputados garantizó que el PP dedicará “el máximo esfuerzo” para lograr el mayor consenso posible en materia educativa.
Un sistema con el alumno como objetivo y centro.- “Mejorar la calidad educativa convirtiendo al alumno en el centro del sistema y rebajar el abandono temprano del sistema educativo” son dos de los objetivos señalados como prioritarios por Moneo, para quien la formación y el empleo “están íntimamente relacionados”. En este sentido, criticó que el actual sistema educativo no ayuda a los alumnos a superar sus dificultades mientras que aseguró que la futuro Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa “ofrece un sistema flexible y transparente”, que permite identificar los problemas de los alumnos, ayuda a los estudiantes a aumentar su motivación y refuerza las materias troncales, como lengua, matemáticas, ciencias sociales o idiomas. Además, la Lomce, añadió la portavoz del PP en la Comisión de Educación y Deportes del Congreso, contempla al profesorado como elemento fundamental y defiende la libertad de las familias para escoger modelo y centro educativo para sus hijos, por lo que calificó la norma como una “ley ambiciosa” en la que “nos jugamos muchísimo”.
