La Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento han iniciado esta semana las negociaciones para tratar de lograr un acuerdo sobre el texto definitivo para la reforma de la Política Agrícola Común. El objetivo de la Presidencia irlandesa es que se pueda lograr un compromiso a tres bandas, algo indispensable, para el mes de junio. El siguiente paso será su aprobación en julio. Aunque se cumpla este calendario, los cambios no se podrán aplicar, como estaba previsto, para enero de 2014, toda vez que previamente se debe proceder a la elaboración de los correspondientes reglamentos comunitarios y finalmente su traslado a la normativa de cada país.
Con este inicio de las negociaciones se pondría fin a un largo debate sobre la propuesta de reforma que presentó la Comisión en octubre de 2011. Desde esa fecha, el texto oficial ha sido objeto de largos debates, donde se han discutido más de 7.000 enmiendas. El pasado marzo, tanto los ministros de Agricultura como el Parlamento aprobaron sus respectivas propuestas, textos que ahora deben debatirse con los representantes de la Comisión, con el comisario Dacian Ciolos al frente, encuentros de los que deberá salir un pacto.
En relación con las negociaciones celebradas en los meses precedentes se pueden destacar dos aspectos importantes. El primero, que las propuestas con las que acuden, tanto el Consejo como el Parlamento, son muy diferentes a la propuesta presentada en su día por la Comisión. Segunda, que desde la perspectiva de los intereses más importantes de la Administración española, se puede decir que, en ambos documentos se recogen en su mayor parte todas las iniciativas, y es de esperar que los mismos no sean rechazados.
En líneas generales, se puede decir que todos acuden con modificaciones sustanciales en defensa de una PAC más flexible, donde, entre otros puntos se pueden destacar los siguientes:
En la política verde, todas las partes coinciden en que el cumplimiento de ese concepto suponga el 30% del sobre, pero con la matización de que ese porcentaje sea aplicado a los pagos que perciba cada explotación. Lo importante en este punto es el grado de flexibilidad que se defiende en su aplicación. La Comisión proponía que ese pago afectara a las explotaciones con más de tres hectáreas, con la exigencia de rotar con tres cultivos y abandonar un 7% de la superficie para fines medioambientales.
Frente a ese planteamiento, el Parlamento aprobó que estuvieran exentas explotaciones con menos de 10 hectáreas, que entre las 10 y las 20 hectáreas solo se exigieran dos cultivos y tres a partir de las 30 hectáreas. En 2015, la superficie a abandonar será solamente del 3% y del 5% desde 2016 frente al 7% propuesto inicialmente por la Comisión. Además, la mayor parte de los cultivos leñosos extensivos ya son calificados como medioambientales sin ninguna exigencia más.
En materia de cuotas, la Comisión planteaba acabar con todas en 2015, incluidos los derechos para la plantación del viñedo. Frente a esa posición, desde el Parlamento se aprobó el mantenimiento de cuotas en vino hasta 2030 y el año 2020 para el azúcar. Por su parte, los ministros ofrecen cuotas en azúcar hasta 2017 y 2019, en derechos de plantación en vino, mientras hasta 2024 habría autorizaciones para incrementar la superficie en un 1%.
La Comisión contemplaba que el ahorro de agua en regadíos por modernización para recibir una subvención debería ser del 25% y ese porcentaje se propone que sea solo del 10%. Además, señaló que las ayudas para los jóvenes podían llegar hasta el 2% de los fondos y se le dice que hay que llegar obligatoriamente a ese 2%. También se propugnaba que se detrayera un 10% de las ayudas para pagos acoplados en apoyo a diferentes sectores y las propuestas del Consejo y Parlamento plantean como mínimo un 12%, 13,5% para España.
Entre los pocos acuerdos se halla la posibilidad de que cada país pueda aplicar modulación en los pagos desde los 150.000 euros a los 200.000 del 20%, del 40% de los 200.00 a los 250.000 y del 70% de los 250.000 a los 3.000 euros. Igualmente, se coincide en la posibilidad de que el trasvase de fondos de pagos directos a desarrollo rural, o a la inversa, sea del 15%. Solo desde la perspectiva de los intereses más importantes del sector y de la Administración española, esta fase final de las negociaciones se aborda con la impresión de que se han logrado casi todos los objetivos que se perseguían inicialmente.
En este sentido, el Gobierno contempla estas reuniones habiendo logrado el acuerdo de poder asignar solamente los derechos de pago sobre una superficie de 22,35 millones de hectáreas frente a una posibilidad teórica de haber llegado a los 38 millones, lo que habría reducido a mínimos la ayuda por hectárea. España ya ha conseguido que el proceso de convergencia de subvenciones sea muy escaso, afectando solamente a los pagos que se hallen por debajo del 90% de la media de un país o lo que se determine como región a esos efectos, y que ese acercamiento sea solamente de una tercera parte. En resumen, que se queden prácticamente las cosas como están.
Las reivindicaciones pendientes se concretan en mejoras en los mecanismos para la regulación de los mercados adecuando precios, mayores plazos en las cuotas de remolacha y derechos del viñedo y cuotas de leche, donde parece que será casi imposible al no haber apoyos de otros países con peso.
