El proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) 2012 asciende a 9.720 millones de euros, lo que supone un decrecimiento del 3,24 por ciento con respecto a las cuentas de 2011 -325 millones de euros menos con respecto al presupuesto inicial del pasado año- y se sitúa en niveles de 2007, lo que ha llevado al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha calificarlos de «realistas, difíciles y posibles».
Herrera ha insistido en que se trata de unas cuentas «ajustadas» a la situación de crisis económica actual que se enmarcan en una escenario de «recesión» con el fin último de cumplir el objetivo de déficit del 1,5 por ciento marcado por el Gobierno central para las comunidades autónomas.
De este modo, ha indicado además que en el cuadro macroeconómico que acompaña a este Proyecto de Ley se contempla una tasa media de paro en la Comunidad del 18,6 por ciento, por debajo de la media nacional del 24,3 por ciento.
El presidente de la Junta ha defendido la decisión adoptada por el Ejecutivo regional de presentar las Cuentas regionales de 2012 ahora y no en octubre de 2011 como marca el Estatuto de Autonomía de la Comunidad, ya que, como ha reiterado, entonces el Gobierno de Rodríguez Zapatero apuntaba a un incremento de la economía para el presente año del 2,3 frente a la situación actual en la que se cifra un decrecimiento del 1,7 por ciento para el conjunto del país, al tiempo que ha reseñado que la prórroga del Presupuesto de 2011 «ha garantizado» el «normal» funcionamiento de los servicios públicos.
Reparto no lineal. De esta manera, la Consejería de Economía y Empleo es la única que aumenta su partida en un 3,49 por ciento, mientras que Presidencia contará con un 26,82 por ciento menos; Cultura y Turismo merma un 22 por ciento; Fomento y Medio Ambiente un 21,99; Agricultura y Ganadería un 17,69; Hacienda un 7,01; Sanidad un 0,90; Educación un 7,10 y Familia un 5,89 por ciento. También el presupuesto de las Cortes se recorta en un 12,50 por ciento, igual que el del Consejo Consultivo. La deuda pública es la que aumenta un 56,98 por ciento hasta los 610 millones de euros.
Con este esquema de gasto, Herrera recalcó que el presupuesto es social, que es “lo que quieren los ciudadanos” y concluyó que se mantiene la equidad y calidad de los servicios públicos. Los “sacrificios” que se imponen no son “lineales”, se asientan en una “austeridad selectiva, cuidadosa con los servicios públicos” para evitar el riesgo de exclusión social y “rigurosa” en las áreas no sociales.
