Le ha llegado el turno de las reformas a la Universidad española con el objetivo de contribuir al recorte de 3.000 millones de euros en materia educativa anunciada por el Gobierno. Así, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte propuso ayer a las comunidades que cada alumno pague hasta 540 euros más por la primera matrícula universitaria -a razón de 60 euros al mes-, según explicó la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, al término de la Conferencia Sectorial de Política Universitaria. Esta medida se aplicaría a partir del curso 2012-2013.
Concretamente, el Ejecutivo plantea la posibilidad de ampliar la horquilla que tendrán que pagar los alumnos de su puesto universitario y que irá desde el 15 por ciento hasta el 25 por ciento del coste de esa plaza en los centros públicos, lo que supone un incremento de hasta 66 puntos de las tasas. En la actualidad, las familias pagan, de media, en España un 15 por ciento y el Estado el 85 por ciento restante.
Además, la horquilla se ampliará cada vez que el alumno suspenda una asignatura, de forma que se sitúa entre un 30 y un 40 por ciento para la segunda matrícula, entre un 65 y 75 por ciento para la tercera y entre un 90 y un 100 por cien en la cuarta inscripción. Para los máster no habilitantes, se plantea hasta un rango máximo del 50 por ciento. Según la secretaria de Estado, se trata de aproximar el precio de la matrícula al coste real.
Por otro lado, el Gobierno planteó a las regiones cambiar la carga docente del personal universitario en función de los sexenios vivos que tengan en relación con la investigación. En este sentido, señaló que se reducirá la carga del número de clases de aquellos que acrediten investigaciones en los seis últimos años y se aumentará aquella obligación de los profesores que no los tengan. Actualmente, explicó, hay un 50 por ciento de funcionarios profesores universitarios que no tienen sexenios vivos.
La diferencia será, según la secretaria general de Política Universitaria, Montserrat Gomendio, que los profesores que no tienen completado este sistema ampliarán la docencia hasta un máximo de 32 créditos. «Buscamos una especialización en el reparto de recursos. Es simplemente dar mayor flexibilidad a la hora de asignar las obligaciones a los profesores», aclaró.
Exceso de carreras
Otro de los asuntos que se debatieron en la reunión fue el elevado número de titulaciones con baja demanda. La secretaria de Estado subrayó la necesidad de que las comunidades y las universidades estudien esta problemática con el objetivo de alcanzar unos «estándares mínimos de eficiencia».
«Existe un número muy alto de centros y de campus, pero sobre todo de titulaciones», anotó Gomendio, para incidir en que es importante que cada territorio analice la viabilidad y la eficiencia de su sistema.
La número dos del Ministerio indicó que el Gobierno también está estudiando los cauces legales para que las comunidades puedan controlar tanto el déficit de las universidades y su equilibrio presupuestario como de la oferta de empleo público, de forma que éstas lo ajusten «haciendo el mismo esfuerzo que el que llevan a cabo ambas Administraciones».
En todo caso, la secretaria de Estado añadió que cada una de las medidas serán decididas por los Ejecutivos regionales, que tomarán las decisiones y el tipo de acciones que quieren implementar dentro del abanico de posibilidades. «Dictaminarán, no solo las actuaciones que necesitan incorporar, según sus propias necesidades, sino también el grado de intensidad de las mismas», apostilló la política.
Estas iniciativas, junto a las ya anunciadas el pasado lunes en materia de educación no universitaria -aumento de alumnos por clase o de las horas lectivas del profesorado, entre otras- serán aprobadas previsiblemente mañana por el Consejo de Ministros mediante real decreto.
