La Junta mostró ayer, en boca de su consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, «su oposición y su inquietud» ante la nueva regulación del sector del cerdo ibérico que plantea el Gobierno de España y que deja fuera, según aseveró, al 80 por ciento de esta producción en Salamanca.
La Comunidad sale perjudicada con esta nueva normativa de la que quedaría fuera el 80 por ciento de la producción de cerdo ibérico por los requisitos. .
Precisamente, el miércoles el ministro de Agricultura y Alimentación, Miguel Arias Cañete, habló de este asunto en Salamanca e, inmediatamente, la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, envió una carta al ministro en la que incide en los argumentos de Castilla y León.
Así, en esa misiva Clemente le traslada la «preocupación» de Castilla y León ante «alguno de los planteamientos» realizados en la futura modificación de la Norma de Calidad del Ibérico, que de incorporarse podrían suponer «un grave prejuicio para los intereses del sector ibérico nacional y de Castilla y León».
Por ello, argumenta en la carta, que en relación con el factor racional de la norma la Junta considera «acertada» la opción de unificar en una sola denominación ‘ibérico’ las producciones amparadas por la norma y para evitar confusión al consumidor. Sin embargo, añade, este cambio de denominación no debe ser acompañado de una modificación «sustancial» de los requisitos exigidos para definir esta calificación.
Esta nueva exigencia, continúa, afectaría a 1.103 explotaciones, de las cuales el 81 por ciento están ubicadas en la provincia de Salamanca y en consecuencia, este requisito requeriría cerca de 60.000 hectáreas y la consiguiente deslocalización de explotaciones.
